Por Jorge Torres Romero
Javier Palacios Silva, responsable de la Unidad de Compras del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), ocultó la nota enviada por la Dirección de Contrataciones Públicas, del Ministerio de Hacienda, en la que recomendaba suspender la compra de semillas importadas de algodón, y que podía haber evitado el gran fraude con el plan algodonero.
A raíz de esta situación, la entonces directora jurídica del CAH, Cristina Romero, sostiene que no se enteró de la disposición. “Si sabía de esa nota, por lo menos hubiéramos ordenado frenar el pago de los dos millones de dólares a la firma Traintec, hasta tanto se aclare la situación”, afirma.
Max Rejalaga, director de Contrataciones Públicas, se ratifica en que la nota fue remitida el 3 de octubre de 2006 y recibida por Palacios Silva, actualmente imputado por el caso, quien acusó recibo, ya que su firma está estampada en una copia (ver facsímil).
“El encargado de compras fue la persona notificada de que dicho proceso está en contravención a la Ley de Contrataciones Públicas, y, consecuentemente, el proceso está invalidado”, asegura Rejalaga,
ANTECEDENTES. El 28 de setiembre de 2006, el CAH comunicó a Contrataciones el procedimiento para la compra por vía de la excepción de las semillas. Rejalaga recomendó invalidar y suspender el proceso, debido a que los llamados no fueron procesados. Es decir, no se publicó en el portal de Contrataciones, como establece la ley.
La recomendación fue ignorada. “Nosotros nunca pensamos que alguien tendría el atrevimiento de no publicar esto a través del sistema”, indica Rejalaga.
Cuando el CAH decidió informar a Contrataciones sobre la compra directa a la firma Traintec SA, la operación ya se había concretado, según la nota de remisión de la empresa, del 20 de setiembre de 2006, en la que consta la entrega de unas 300 bolsas de simientes.
Con esta información, se confirma que la decisión de comprar las semillas a Traintec se tomó mucho antes de la comunicación a Contrataciones Públicas. El CAH realizó la operación a espaldas de la institución responsable de fiscalizar las compras del Estado, puesto que no solo informó en forma tardía, sino que lo hizo una vez concretada la compra.
Si bien el argumento utilizado para evitar el llamado a licitación fue la urgencia, se debieron seguir los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones. En este caso ni siquiera hubo un concurso de precios, sino que se decidió comprar directamente la semilla, por 2 millones de dólares, a la firma Traintec, propiedad de Edgar Melgarejo Ginard, amigo personal del ministro de Industria y Comercio, José María Ibáñez, y en la cual se desempeñó como asesor ambiental el actual ministro de Agricultura y Ganadería, Alfredo Molinas.