Así lo informó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que ejerce la secretaría técnica del CAS, tras una reunión de ese Consejo realizada en París en el marco de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA).
“Los participantes en la XVII reunión extraordinaria del CAS destacaron que el reglamento 1115/2023 de la Unión Europea (UE) contra la deforestación, cuya entrada en vigencia está prevista para enero próximo, no está basada en la ciencia y existe una gran incertidumbre en cuanto a la mecánica de su aplicación, que podría ser perjudicial”, indicó el IICA en un comunicado.
El secretario de Bioeconomía de Argentina, Fernando Villela, dijo en el comunicado del IICA que “las restricciones al comercio internacional a aquellos vendedores de productos agrícolas que no puedan certificar la no deforestación no están basadas en la ciencia”.
Sin embargo, el funcionario destacó que en su país ya se ha avanzado en la exportación a Europa de carne bovina y soja libre de deforestación certificada.
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Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos, dijo que la región latinoamericana es donde se protegen los recursos naturales, por lo que “no podemos aceptar que los europeos sean los adalides de la defensa del ambiente”.
“Políticamente rechazamos esta normativa, que es un nuevo paso de restricción comercial basado en un aspecto ambiental. De todas maneras, la exigencia existe y tenemos que estar preparados, aunque eso no quita que hagamos todas las acciones posibles para postergar la entrada en vigencia del reglamento 1115”, aseveró.
En junio de 2023 entró en vigor la ley comunitaria para evitar que las importaciones en la UE de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate causen la deforestación en terceros países, con un periodo de 18 meses (hasta diciembre próximo) de margen a los operadores para prepararse.
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Las empresas que importen estas materias y productos derivados en la UE tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en sus lugares de origen en comparación con 2020.
Los ministros del CAS también discutieron acerca de la política europea de límites máximos de residuos y reducción de pesticidas y subrayaron que, aunque se pretenda presentarlo como una cuestión ambiental, es un tema de inocuidad de los alimentos.
En este sentido, los ministros acordaron trabajar en conjunto y encarar una acción coordinada ante los diferentes ámbitos en los que se discute este tema.
En la reunión también hubo una exposición en cuanto a los primeros avances del trabajo coordinado de los países del CAS, en conjunto con el sector privado, para fortalecer la investigación de las emisiones y el secuestro de gases de efecto invernadero (GEI) que realiza el agro en la región, explicó el IICA.
Fuente: EFE.
