Es decir, uno es el que induce o instiga a involucrarse en algo torcido, ilegal o incorrecto a otra persona que acepta o se presta a ese acto. Algunos lo hacen con total naturalidad, sin que el hecho le represente remordimiento de conciencia alguno. Otros, cuando creen que no existe otra opción o se ven acorralados. Cuesta comprender esto cuando en esa relación, quien promueve el acto es alguien que detenta poder o la autoridad a la que indefectiblemente el otro necesita recurrir en determinadas situaciones.
Me explico: He escuchado a varios abogados jóvenes expresarse con frustración, impotencia y escandalizados al verse obligados a sucumbir al “apriete” o extorsión de la policía. Las historias son muchas. Recuerdo dos que sucedieron en diferentes momentos, lo que me indican que nada ha cambiado en esta institución y ratifica que en ella la podredumbre es mucho más profunda y amplia de lo que nos imaginamos. Además de que se da a escala.
La primera: un joven abogado, idealista, altruista como lo son parte de los recién egresados, concurrió a una comisaría para liberar a un cliente, luego de realizar los trámites pertinentes y obtener la autorización judicial. La gestión en la comisaría era la parte final y confiaba en que sería de mero trámite. Pero no.
El alevín de abogado fue atendido afablemente por el comisario que le informó que estaban de construcciones en la comisaría y que les vendría muy bien un aporte para la pintura y otros materiales que precisaban. Resignado y molesto, presionado por cumplir con su representado, el abogado accedió a dejar la “contribución”.
¿Por qué lo hizo, si existe la opción de negarse a pagar la coima? Además, la Policía Nacional tiene en su presupuesto rubros destinados a mantenimiento y construcciones, fue mi ingenua observación. Y aquí viene lo que en reiteradas ocasiones ya me respondieron: Si no pagás, dilatan el trámite, te ponen excusas o inventan algo para bloquear la libertad de la persona.
Además, temen quedar marcados y que la propia Policía haga correr la voz de que tal o cual abogado no quiere “colaborar” y, como consecuencia, luego le traban cualquier otro trámite que requiere recurrir a esa institución.
En la segunda historia, otro aboga- do concurre al Departamento de Judiciales de la Policía con una orden del juez que fija prisión domiciliaria a una persona X. Presentado el documento, la dependencia policial solo debía trasladar al detenido hasta la comisaría en cuya jurisdicción se hallaba el domicilio del personaje para gestionar que vigilen el cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado.
Pero la excusa fue que no tenían para el combustible de la patrullera y que para ejecutar la orden, el interesado debía “aflojar” algo. El abogado respondió que su cliente era de escasos recursos. A lo que un oficial, que se encontraba con otros más, le sugirió que entonces desembolsara él la contribución y hasta lanzó un monto, con la aclaración de que “acá somos varios”. Con la mitad del monto requerido se arregló el tema.
¿Por qué no lo denuncian?, recriminé al profesional. Y su respuesta, fue muy parecida a la de otros con los que suelo conversar: Que le van a trabar cualquier trámite. Que lo van a marcar, que ya le habían advertido que así funciona el sistema. Que hay que “aceitar”, que es mejor tenerlos de tu lado, etc., etc.
Al callar, aún a sabiendas de que se está ante un acto inmoral, se robustecen las organizaciones para delinquir en que se han convertido instituciones como la Policía Nacional. Cuando 1, 10, 15 o 50 abogados decidan romper esto que todos conocen, y la ciudadanía ejerza un mayor control de la actuación de las instituciones, los resquicios de la corrupción irán cerrándose, y será cada vez más difícil que participe la otra persona, víctima o cómplice, para consumar un acto corrupto.
