El representante legal de Arévalo, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, ya había solicitado la carpeta fiscal al Ministerio Público, pero en dicha oportunidad le señalaron que no había ninguna causa abierta contra el entonces aún diputado, lo cual había motivado el análisis de un posible retiro de su nota de renuncia presentada a la Cámara Baja.
Sin embargo, la bancada de Honor Colorado y demás legisladores expresaron entonces que ya no había vuelta atrás con la sesión para aceptar su renuncia, ya que el oficialismo prefería separarlo de cargo de dicha manera y no a través de la pérdida de la investidura.
En consecuencia, y tras la destitución concretada de Arévalo, Duarte Cacavelos presentó ayer una solicitud ante el juez penal de Garantías de turno de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El escrito es de “Auxilio Judicial”, según explicó el abogado de Arévalo, quien detalló que se da luego de la segunda negativa que tuvieron de la Fiscalía al pedido de acceso a la carpeta fiscal.
Pruebas. A criterio del citado abogado, los chats extraídos del teléfono de Lalo Gomes no pueden ser consideradas pruebas en la investigación por haberse roto la cadena de custodia.
“Esta evidencia, así presentada, no es una evidencia válida. No existen pruebas de ningún otro hecho punible”, dijo, cuestionando la conducta del juez Osmar Legal, al señalar que actuó de manera irregular, por lo que su denuncia no tiene sustento.
Sobre los cheques que aparecen en uno de los mensajes difundidos, el abogado afirmó que se trataban de préstamos y que no estaban relacionados con su función en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde Arévalo fue miembro.
