El Ministerio Público le abrió una carpeta por apropiación y estafa.
La carpeta fiscal indica que la mujer, nacida en 1939, fue denunciada por el Ministerio de Hacienda por supuesto cobro irregular de una pensión.
Se menciona que en el año 1981 fue beneficiada de una pensión, por ser heredera de un militar fallecido.
La pensión fue otorgada conforme a la Ley 847/800 que estaba vigente en ese momento, por ser hija soltera y sin medios para subsistir.
Luego, se detectó que el 12 de agosto de 1988 se le concedió la jubilación por haber prestado servicio durante 29 años en el magisterio nacional.
En la imputación se menciona que como heredera ganaba la suma de G. 6.643.561.
El 9 de mayo de 2019 se la excluyó de entre las herederas luego de la denuncia de Hacienda.
De acuerdo a la fiscal Mora, la mujer percibió la suma de G. 145.578.288 de forma irregular, desde 1981 hasta 2019.
La mujer fue citada para una audiencia de indagatoria en la que fue su hija a explicar la situación en que se encontraba la mujer.
La defensa de la señora Julia evoca el artículo 78 del código penal que afirma que el “trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender o de querer los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese consentimiento y voluntad, provocará la suspensión condicional del procedimiento”.
Sin embargo, sostienen que el Ministerio Público realizó una constitución en la casa de la mujer, cuando sus familiares no se encontraban en la casa.
Señalan que la fiscala acudió con una doctora en medicina , sin presencia del abogado de la afectada y sin notificar a las partes.
De acuerdo a una denuncia que se realizó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la mujer fue citada para otra audiencia para ser indagada, el 12 de abril de 2020, en plena pandemia. El 11 de diciembre de ese mismo año, se le citó para la audiencia de imposición de medidas a la cual tampoco asistió. Entonces, solicitaron su prisión.