El presidente del Congreso, Roberto Acevedo, confirmó que la audiencia con Díaz Verón será a las 11.00 de este martes.
Los colorados disidentes y opositores mantuvieron este lunes una reunión para acordar acciones en contra de las planillas que presentó la Asociación Nacional Republicana (ANR) a la Justicia Electoral para presionar el tratamiento de la enmienda que pretende incorporar la figura de la reelección presidencial.
El colorado Enrique Bacchetta manifestó que el hecho punible ya está configurado. “Cuando uno falsifica lo que quiere es justamente hacer valer documentos no auténticos, que la ciudadanía se confunda, y ellos produjeron el engaño”, expresó.
Cuestiona que el TSJE certifique las firmas recurriendo a horas extra de los funcionarios e incluso contratando más personal para el efecto. Considera que no es función de la institución este trabajo y por tanto debe remitir todos los documentos a la Fiscalía, que es la encargada de investigar el caso.
Asimismo, sostiene que los responsables mediatos —como Juan Afara, Lilian Samaniego, Juan Darío Monges, Wildo Almirón y Pedro Alliana— deben ser los primeros investigados por el Ministerio Público.
Para el senador, la intención de los que promueven la campaña de anular el fallo del 25 de agosto de 2016 que archiva el proyecto de enmienda por el lapso de un año es una prueba de que pretenden atropellar la Constitución Nacional.
A su vez, Desireé Masi refirió que las planillas no fueron proveídas por el TSJE ni están firmadas por escribanos, por tanto, se pregunta qué mecanismo legal usó la institución para recibirlas. “Lo que nos preocupa es el derrumbe de la credibilidad de la Justicia Electoral”, indicó.
También insta a que se devuelvan las planillas porque “los paraguayos no tienen que estar pagando toda esta barrabasada”.
El TSJE detectó 69.000 firmas con irregularidades entre las 360.000 presentadas por la ANR en el marco de la campaña “Que la gente decida”, que impulsa la enmienda pro reelección presidencial. Unas 1.142 rúbricas utilizan datos de difuntos y 163 de personas están recluidas o condenadas.
