El senador por el Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, criticó nuevamente el operativo realizado en Canindeyú que derivó en la muerte a balazos del líder indígena Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa.
El opositor comentó que solicitó por nota que la Mesa Directiva del Senado analice y resuelva convocar al ministro Antidrogas, Jalil Rachid. “Y no solamente comparezca para explicar los motivos, los detalles de este operativo que tuvo un desenlace trágico y preocupa, sino que traiga también la documentación, las órdenes de allanamientos...”, argumentó.
Para el legislador es importante que Rachid responda cuáles fueron las hipótesis, datos de inteligencia y objetivos del operativo, teniendo en cuenta las declaraciones del forense Pablo Lemir.
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Al respecto, señaló los rastros en las muñecas y tobillos que dan a entender que fueron torturados y que la trayectoria de uno de los disparos se ejerció de arriba hacia abajo, lo cual contradice las justificaciones del ministro, quien afirmó que las fuerzas de la Senad fueron interceptadas por una camioneta, lo que desembocó en un intercambio de disparos desde las cabinas.
El propio opositor comentó que recibió fotografías que muestran rostros desfigurados, lo cual también resulta sospechoso. “Ya ha habido casos de falsos positivos”, dijo Filizzola sobre las dudas instaladas acerca del operativo.
Además reiteró que poco antes el dirigente indígena había pedido auxilio al Ministerio del Interior a través de una nota, debido a que su comunidad indígena Y’apo se sentía amenazada en sus tierras. A través del escrito, Carrillo además se ponía a disposición del Ministerio Público para esclarecer la situación.
“Es muy difícil comprender cómo terminan abatidos tres días después de haber pedido auxilio al Estado, por sentirse amenazados en sus tierras por personas ajenas”, recalcó.
Para el senador es importante también la opinión del cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, ya que conocía a ambas personas e insistió en su preocupación de que existan muchos casos de personas abatidas en circunstancias poco aclaradas.
“No puede ser un patrón que el Estado llegue a esa situación, que es el uso extremo de la fuerza y que no haya una investigación seria”, indicó.
Mencionó como ejemplo el caso del ex diputado Eulalio Lalo Gomes, que tenía investigaciones por crimen organizado, pero cuya muerte a manos de la Policía nunca fue aclarada.
