Según las planillas oficiales de funcionarios con bonificaciones de la EBY correspondientes a julio de este año, Andrés Gubetich figura como funcionario permanente de la binacional, asignado a la sede de Asunción. Su fecha de ingreso original aparece registrada el 1 de octubre de 2002 y actualmente cuenta con la categoría salarial H6.
La documentación detalla que su salario nominal asciende a G. 26.002.120, mientras que las bonificaciones representan otros G. 8.347.075. De esta manera, su ingreso mensual totaliza los G. 34.349.195.
El ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS) no cumplió con presentar su declaración jurada para su reingreso a la EBY. Al respecto, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, precisó a Última Hora que los funcionarios de las binacionales están obligados a presentar esa documentación al asumir y al cesar en el cargo conforme lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Nacional.
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El artículo 104 de la Constitución Nacional establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos, incluidos quienes prestan servicios en entidades binacionales, de presentar declaración jurada de bienes y rentas ante el organismo contralor.
La Ley N.º 5.033/13 y sus modificaciones establece, a su vez, que los sujetos obligados deben presentar o actualizar sus declaraciones dentro de los 15 días hábiles posteriores a la toma de posesión del cargo. En el caso de Gubetich, la CGR no habría recibido la notificación ni una declaración jurada actualizada tras su retorno activo a Yacyretá.
La propia Contraloría detectó en 2023 un incremento patrimonial de aproximadamente G. 20.000 millones en un periodo de cuatro años. El examen de correspondencia realizado entonces identificó cuentas bancarias e inmuebles que no habían sido consignados en sus declaraciones juradas.
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Gubetich dejó la presidencia de la previsional en 2021, en medio de cuestionamientos relacionados con compras de software, contrataciones de seguridad privada y problemas de abastecimiento de medicamentos.
Durante su gestión en IPS también suscribió el contrato inicial con la empresa Neighpart para la provisión de bloques quirúrgicos por más de G. 53.000 millones, que actualmente es investigado por Fiscalía y por causa por la cual se encuentran imputado dos de sus sucesores: Jorge Brítez y Vicente Bataglia, además de otras siete personas.
De acuerdo con la investigación, el supuesto perjuicio es de G. 61.000 millones, relacionado con obras que no existían físicamente.
A estos antecedentes se suma otra causa judicial en la que el ex titular del IPS fue imputado junto con su esposa María Rosa Araujo Gubetich por presunta estafa y lavado de dinero, en relación con la venta de cuatro inmuebles por un monto de US$ 2.358.000 . Según la imputación fiscal, las propiedades fueron comercializadas pese a encontrarse posteriormente hipotecadas, transferidas a terceros o afectadas por usufructo vitalicio.
