A primera hora de este martes, el opositor Rubén Rubin dio mesa de entrada al proyecto de ley “Que dispone la suspensión temporal de la cobertura de vacancias y de la creación de nuevos cargos en el sector público y establece excepciones para servicios públicos esenciales por 24 meses”.
El diputado aclaró que están exceptuados funcionarios de sectores esenciales como educación, personal de blanco y seguridad.
“Yo quiero dejar en claro esto: docentes, personal de blanco y fuerzas públicas, policías y militares, nosotros tenemos que cubrir todas las vacancias, yo quiero más docentes, más policías y más personal de blanco, lo que no quiero es más gente acá en el pasillo”, afirmó.
El legislador propone que, cuando se produzca una vacancia en cargos administrativos considerados no esenciales, esta no sea cubierta. De esta manera, plantea reducir progresivamente la cantidad de funcionarios sin recurrir a despidos.
“Entonces yo creo que cada vacancia que se genere de los cargos administrativos no tenemos que cubrir esas vacancias y de esa manera sin desvincularle a nadie vamos a achicar el Estado”, sostuvo.
De acuerdo con sus cálculos, en los últimos dos años se registraron 18.486 vacancias en el sector público, que representaron un gasto de G. 87.852.186.045. En el 2024 se produjeron 9.166 vacancias, mientras que en 2025 la cifra llegó a 9.320.
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Rubin estima que, en promedio, se generan unas 10.000 vacancias por año y considera que alrededor de 3.000 corresponderían a puestos que no son indispensables para la prestación de servicios públicos esenciales.
“O sea, 1 de cada 3 contrataciones es para sostener la estructura partidaria de los partidos tradicionales”, cuestionó.
Según sus cálculos, de unos 30.000 nuevos cargos, alrededor de 9.000 serían no esenciales.
El diputado estima que esta medida permitiría un ahorro de aproximadamente G. 47.000 millones, recursos que, según plantea, deberían ser redireccionados a educación, salud y seguridad.
Anteriormente, Rubin planteó otras medidas que permitirían un ahorro al Estado, como el recorte de los recursos destinados al seguro médico privado de funcionarios públicos. El legislador calcula que este concepto representa unos USD 120 millones.
“Los paraguayos no tienen seguro médico privado, pero con la plata de los paraguayos se paga el seguro médico privado de la clase política y sus funcionarios. Entonces, realmente tenemos mucho de dónde agarrarnos y por dónde cortar”, agregó.
El legislador impulsa el tratamiento de este proyecto lo antes de posible, de manera que sea aplicado en el Presupuesto 2027.
