“Las empresas petroleras que están trabajando en Venezuela lo hacen con una licencia del Departamento del Tesoro”, recordó ayer el asesor político de María Corina Machado en Estados Unidos, Rafael de la Cruz, en una conferencia organizada por la Americas Society/Council of the Americas en Nueva York.
Estos permisos, en un contexto de sanciones de Washington a Caracas, pretendían “estimular al gobierno a negociar nuevamente con Estados Unidos”, según De la Cruz. Pero “no han funcionado” y, por el contrario, “son un salvavidas para el régimen”, argumentó.
Las empresas petroleras que operan en Venezuela mediante esta modalidad de licencias son principalmente la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni, recordó.
Cuando el régimen venezolano se “ha sentado a negociar” lo hizo “porque tiene una presión económica importante”, señaló De la Cruz. Y esa presión es la que la oposición reclama ahora de parte de Estados Unidos en busca de que se reconozca la voluntad popular que pidió “mayoritariamente” un cambio en Venezuela.
Maduro se atribuyó la victoria en las elecciones de julio, pese a que casi dos meses después sigue sin presentar las actas de votación.
En el Congreso estadounidense se están tramitando cuatro leyes que conciernen a Venezuela, y “al menos tres de ellas tienen una previsión sobre el tema de suspender las licencias”, recordó el asesor de Machado. “Si Estados Unidos termina tomando la decisión de no seguir renovando las licencias, o el Congreso (...) aprueba una ley que obliga a la administración (gobierno, ndlr) a no otorgar licencias, eso va a ser una presión adicional muy importante”, sostuvo.
Obligaría a Maduro a sentarse a negociar y “acordar garantías” para que el régimen entregue de “manera pacífica y ordenada el gobierno”.
Para Gustavo García, asesor económico de Machado, existen “enormes oportunidades” para los inversores en Venezuela, en particular en el sector del petróleo, donde la producción podría pasar de los 900.000 barriles diarios actuales a los 3,5 o 4 millones.
FMI, COMO SALIDA. El restablecimiento de relaciones con instituciones financieras internacionales y con los organismos multilaterales será imprescindible para solventar la crisis venezolana si el chavismo accediera a dejar el poder, detallaron ayer varios asesores del equipo económico y político de Machado.
“Se requeriría una inversión del 6% del PIB en infraestructura y servicios públicos que saldría de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. En total, se necesitarían unos 60 o 70 mil millones de dólares como parte de un plan para cinco años”, explicó el asesor económico y político de la líder opositora venezolana.
