Estos sucesos, sin embargo, se convirtieron en una brillante oportunidad para hacer una reforma de dos aspectos claves del esquema de las investigaciones tributarias que realiza la SET: el reparto de las multas y el secretismo en las actuaciones.
La legislación impositiva vigente establece que el 50% de las multas percibidas efectivamente por la Administración Tributaria se deberá repartir entre la totalidad de los funcionarios de la entidad recaudadora. La explicación dada por las autoridades es que este dinero extra sirve como un incentivo para los funcionarios, de modo que no caigan en la tentación de la coima y que los casos de grandes evasiones ya no queden en el oparei.
Los resultados, de hecho, avalan de cierta forma la explicación oficial. Los números de la SET han venido creciendo cada año, a pesar de los temblores de la economía y en los últimos años se han detectado importantes casos de megaevasión y lavado de dinero.
Pero este incentivo también puede convertirse en un arma de doble filo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, se corre el serio riesgo de que las investigaciones se tornen subjetivas. Es decir, si el que te multa cobra un extra por multarte, se pone en duda las garantías que pueda tener el investigado. Segundo, el aspecto presupuestario. El Paraguay necesita invertir más en salud, en educación y en infraestructura, pero si el 50% de todas las multas van al bolsillo de los funcionarios, seguiremos rezagados con respecto a la región y los sucesivos gobiernos seguirán endeudando a generaciones y generaciones para llevar adelante sus proyectos.
El Gobierno anunció hace unos días que presentará un proyecto de ley para topear la repartija de multas. Frenar las groseras repartijas es imperante en medio de una sociedad que está harta de los despilfarros y de los abusivos privilegios del funcionariado público.
MISTERIO. El segundo tema que debe necesariamente analizarse es el denominado secreto de las actuaciones. Las leyes en vigencia señalan que las declaraciones, documentos, informaciones o denuncias que reciba y obtenga la SET tendrán carácter reservado. Los funcionarios de la entidad no podrán, bajo pena de destitución y sin perjuicio de su responsabilidad civil y o penal, divulgar a terceros en forma alguna datos de cualquier investigación.
Esta herramienta sirve como un eje protector y garantista de los datos personales de cada contribuyente, pero también se convierte en una barrera a la transparencia pública. La gente no puede saber en la actualidad si un funcionario público, una autoridad del Ejecutivo o un representante electo al Congreso está evadiendo impuestos o defraudando al Estado, cuando que, justamente, el aparato estatal se sustenta en el pago de impuestos. Un poco contradictorio, ¿no?
En ese sentido, informes de organismos, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) hacen referencia a que algunos países de la Unión Europea están cambiando de paradigma y tienden a publicar declaraciones de contribuyentes como un mecanismo de transparencia fiscal y de responsabilidad con la comunidad.
Las investigaciones al clan González Daher resultaron en un trance de justicia, pero también se convirtieron en una oportunidad para hacer cambios necesarios dentro de la estructura tributaria.
