El nuevo Gobierno afirma que mantendrá la estabilidad macroeconómica y pondrá énfasis en educación, salud, seguridad e inversiones en infraestructura, sin anunciar mayores cambios en las políticas económicas. El contexto externo menos favorable y los altos niveles de pobreza y desigualdad heredados lo obligan a tomar medidas rápidas y creativas para mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables de la población.
MUCHA DEMORA Y POCOS ANUNCIOS. La lentitud en llenar los cargos gerenciales de la administración pública y la falta casi absoluta de anuncios de medidas económicas son hechos llamativos. El presidente asumió el 15 de agosto sin haber completado las designaciones de sus colaboradores y todavía siguen pendientes los nombramientos de autoridades en algunas dependencias. Inexplicablemente, los casi cuatro meses de distancia entre las elecciones y la asunción del mando no fueron tiempo suficiente para conformar los cuadros directivos, definir los proyectos de leyes que el Poder Ejecutivo negociará con el Congreso y tener listos los decretos que muestren la nueva ruta del Gobierno.
Esa falta de señales claras hace que surjan muchas interrogantes en el ámbito económico. Por ejemplo, ¿qué piensa hacer el Gobierno con las empresas públicas? O ¿cómo planea coordinar las instituciones financieras públicas para promover el desarrollo y contribuir a generar más competencia en el sistema financiero?
Otro tema preocupante es el déficit operativo de la Caja Fiscal de Jubilaciones, donde los saldos negativos de las cajas de los maestros, policías y militares exigen crecientes sacrificios financieros del fisco. También el sistema privado de seguridad social requiere de urgentes reformas para que pueda cumplir satisfactoriamente su doble cometido de la atención de la salud y administración del fondo de pensiones. Tampoco se puede postergar por más tiempo la más efectiva regulación y supervisión del sistema de cooperativas de ahorro y crédito, en cuya gobernanza hay conflictos de intereses.
El incremento de las inversiones en capital humano y capital físico que el Gobierno se propone demandará más recursos financieros. Para cubrir dichos requerimientos no bastará con, únicamente, mejorar la eficiencia de la administración tributaria. También será necesario encarar cambios en el sistema tributario que incorporen más equidad, aumenten su capacidad de recaudación y ayuden a mantener la disciplina fiscal.
POCO CAMBIO EN EL PRESUPUESTO 2019. El PGN 2019 es prácticamente similar al PGN 2018 y refleja las políticas económicas del Gobierno anterior. Contempla un total de recursos de G. 80,2 billones, con un incremento de 7,6% con respecto al presupuesto de junio 2018; de los cuales el 56,1% corresponde a la Administración Central, con ligero aumento de 5,8%. En el presupuesto se proyecta un aumento de las recaudaciones de 7,4% con respecto al 2018. Con el cambio del año base del PIB, la presión tributaria sería de 9,9% y, por la misma razón, el coeficiente de endeudamiento quedaría en el orden de 18% del PIB. Se estima un crecimiento económico de 4,0%, una inflación también de 4,0% y un tipo de cambio de 5.749 guaraníes por dólar.
El presupuesto contempla un déficit de USD 660,9 millones que representa 1,5% del PIB y se ajusta a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los aumentos de los gastos en salud, en el orden de 12,5%; y en educación, en 11,4%, contemplan ajustes salariales ya acordados en el periodo anterior. El arrastre del déficit por seis años consecutivos no deja de ser preocupante, así como el incremento de la emisión de bonos, considerando la baja presión tributaria y los privilegios de sectores y segmentos de ingresos que contribuyen poco con el fisco. Si bien es necesario combatir la evasión y la informalidad, ello no será suficiente para generar más recursos en el quinquenio. Urge introducir cambios en el sistema tributario que ayuden a recaudar más para financiar los bienes y servicios públicos y que mejoren la competitividad del país.
MÁS PROTECCIÓN SOCIAL. En los últimos cinco años hubo un crecimiento económico de 5,1% y, sin embargo, la pobreza prácticamente no se redujo y la desigualdad se incrementó. La actual situación económica de la Argentina y el Brasil y el contexto internacional plantean fuertes incertidumbres con posibles efectos adversos para nuestro país, sobre todo para los sectores vulnerables. Cabe esperar una caída de las remesas de divisas del exterior, una mayor competencia de productos de contrabando que ingresan de los países vecinos y la caída de las ventas de bienes de reexportación.
Esta situación requerirá que el Gobierno asigne más recursos a los gastos sociales e impulse obras públicas que demanden más mano de obra para compensar la caída del empleo. Si bien el PGN 2019 contempla el aumento de pensiones a adultos mayores en situación de pobreza y más transferencias condicionadas para las familias pobres, ese esfuerzo no será suficiente si las condiciones externas se tornan más severas y el mercado laboral no demanda más mano de obra. Pero las primeras señales del Gobierno en el ámbito económico no generan entusiasmo ni muestran aristas de cambio con relación a la administración anterior.
