La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde 2023. En este documento destacó que “las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”.
En este periodo, indicó, se ha pasado de una fase menos represora de la oposición, en la que el régimen de Nicolás Maduro se limitaba a crear “un clima de temor e intimidación”, a un periodo más violento “que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio”.
Valiñas resaltó, en este sentido, que en enero del 2024 Maduro pidió “activar la Furia Bolivariana” tras asegurar que el año anterior se habían desactivado cuatro conspiraciones para asesinarle u organizar golpes de Estado. Asimismo, comentó que la Fiscalía General dio entonces a conocer la mencionada operación Brazalete Blanco, una de las supuestas tramas para acabar con la vida del presidente venezolano.
En el contexto de la lucha contra esta última conspiración, se degradó y expulsó a 33 militares y se detuvo a diferentes críticos con el régimen.
RECUERDO A ROCÍO SAN MIGUEL Y OTRAS PERSEGUIDAS.
Entre ellos, recordó, líderes de campaña del partido Vente Venezuela (la formación de la líder opositora María Corina Machado) y defensores de derechos humanos, como Tamara Suju, Sebastiana Barráez o la hispanovenezolana Rocío San Miguel.
Valiñas subrayó que San Miguel, detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía sin orden judicial, estuvo con paradero desconocido durante cinco días “hasta que las autoridades informaron de que se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión”.
También recalcó que ese mes, poco después de que tanto la misión que preside como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresaran su preocupación por San Miguel, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión técnica de la citada oficina y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La jefa de la misión agregó que junto a San Miguel han documentado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” para derrocar al Gobierno.
Elecciones en entredicho. Valiñas también recordó que en los seis meses analizados por la misión se logró firmar en Barbados un acuerdo entre Gobierno y oposición para que esta pudiera concurrir a las elecciones del 28 de julio de este año, pero acciones posteriores pusieron en evidencia las dificultades para su puesta en práctica.
La presidenta de la misión puso como ejemplo la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las primarias de la oposición del 22 de octubre, ganadas por amplia mayoría por María Corina Machado, y la ratificación por la misma instancia de justicia de su inhabilitación política de 15 años, el 26 de enero.
RÉPLICA. En el turno de réplica, la delegación de Venezuela en Ginebra rechazó una vez más las conclusiones de la misión e incluso la legitimidad de esta, creada en 2019 por el propio consejo.
“Estados Unidos, el mayor violador de derechos de toda la historia, la Unión Europea y el fracasado Grupo de Lima diseñaron este mecanismo (la misión) con el propósito de aplicar la máxima presión sobre Venezuela, manipulando los instrumentos y fines de este Consejo”, aseguró un representante de la delegación.