Al menos 50.000 personas, nucleadas en 80 organizaciones, esperan marchar desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las disposiciones presentadas por la de Seguridad, Patricia Bullrich, que impedirán el corte de calles y carreteras.
“El plan de ajuste brutal contra los trabajadores, claramente nos obliga a salir a protestar y reclamar que están dejando a miles de familias sin comida, a los jubilados en la indigencia y a los asalariados a punto de perder su trabajo”, expresó a EFE el dirigente del Polo Obrero y referente piquetero, Eduardo Belliboni
En este sentido, Belliboni indicó que escucharon el protocolo presentado por la ministra con mucha preocupación porque consideran que lanzó “amenazas inconstitucionales, ilegales y antidemocráticas”.
De acuerdo con el protocolo presentado por el Ejecutivo argentino, las protestas solo podrán llevarse a cabo sobre las veredas (aceras) y las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo podrán portar armas de fuego, algo que desató la ira de los partidos y movimientos sociales de izquierda, que tacharon la medida como una “provocación”.
“Tenemos un derecho constitucional y supranacional, que está aceptado por diversos organismos e instituciones de derechos humanos, como la Corte Interamericana. Son derechos universales y reconocidos desde el siglo pasado, no es algo que estamos inventando ahora”, afirmó a EFE Liliana Alaniz, abogada especializada en crímenes de lesa humanidad e integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
DELICADO ESCENARIO. El nuevo protocolo ‘antipiquetes’ fue presentado bajo un delicado escenario social y económico, ante el que el Poder Ejecutivo lanzó duras medidas de ajuste en un contexto inflacionario del 160,9 % interanual y con una pobreza del 45%.
“El 20 de diciembre es un día simbólico para la Argentina, fue una gran rebelión popular que tiró abajo un Gobierno muy ajustador contra el pueblo. Esta marcha que se viene tiene un valor muy fuerte porque Milei acaba de anunciar un ajuste de los más grandes en la historia del país”, dijo el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Gabriel Solano.
Hoy se cumplen 22 años de las violentas protestas de 2001, en medio de una explosiva crisis económica, que terminaron con 39 muertos y la renuncia del fallecido presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
Solano remarcó que el derecho a la protesta es troncal en la ciudadanía argentina.
Entre las medidas, el Gobierno sancionará a quienes hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices” de cortes; hará un registro de las organizaciones implicadas; se prohíbe protestar con el rostro cubierto o llevar niños a las marchas y se notificará a Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.
