Esta nueva normativa establece franjas horarias y niveles de sonoridad permitidos, según la tipología de cada zona, ya sea residencial, comercial, industrial o de interés histórico, desglosó el titular de la DGGA, ingeniero Armando Ariel Becvort.
“Por ejemplo, mientras en zonas residenciales los niveles permitidos no deben superar los 40 decibeles en horario nocturno, en áreas como el Centro Histórico, donde se desarrollan eventos culturales y artísticos, los límites son más flexibles y pueden superar los 90 decibeles, durante actividades puntuales debidamente autorizadas”, detalló a través de un boletín de la Comuna.
A la vez, la ordenanza también refiere las disposiciones claras para el control del uso indebido del espacio público, especialmente en plazas y plazoletas, donde frecuentemente se instalan vehículos con equipos de audio de gran potencia, quebrantando la tranquilidad de los vecinos.
Se subraya que en estos casos la Policía Nacional y el Ministerio Público son los responsables de intervenir para preservar el orden público, y coordinar acciones con la Municipalidad para sancionar a los infractores.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva ordenanza es la inclusión de los escapes libres de motocicletas como generadores de ruido molesto, indicó Becvort. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) será responsable de inspeccionar, sancionar, decomisar e incluso destruir dispositivos que infrinjan los niveles de sonoridad permitidos.
“Estamos ante un problema de salud pública y de convivencia ciudadana. La exposición constante a niveles elevados de ruido afecta la calidad del sueño, genera estrés y deteriora la salud física y mental. Por eso, esta ordenanza es una herramienta para restaurar el derecho de todos a vivir en un entorno sonoro saludable”, expresó.
Ránking de denuncias y las multas
El director indicó que las denuncias por ruidos molestos ya ocupan el primer lugar en los reportes del Sistema 911 y que el Municipio de Asunción impulsa una mesa de trabajo interinstitucional con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y otras dependencias, para coordinar procedimientos unificados y garantizar la efectividad de las medidas.
Respecto a las sanciones, indicó que primero saldrán a las calles a educar sobre el alcance de la ordenanza, “pero luego vendrán las sanciones, que pueden llegar incluso hasta los 3.000 jornales mínimos legales vigentes (G. 302.217.000), dependiendo de la gravedad y reincidencia del caso”, advirtió.
Añadió que responsables de talleres mecánicos, industrias y comercios deben respetar los horarios y niveles de ruido establecidos para cada zona, a fin de evitar infracciones.
