Política

"Nos convertimos en un país en que casi somos un paraíso fiscal"

Involucrados. Las organizaciones criminales y los delitos precedentes no tienen un solo color. Fiscal Pecci. "Su asesinato nos plantea que si seguimos perdiendo tiempo perderemos el país".

Susana Oviedo Por Susana Oviedo

El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y delitos conexos, que se pondrá a consideración pública en la segunda quincena de octubre, contendrá en el anexo entre 3 a 5.000 páginas de documentos, cada uno de los cuales “da para una investigación o una serie de Netflix”, ironiza el senador Jorge Querey (FG), presidente de esta instancia del Congreso Nacional.

“Tomamos las rutas del narcotráfico y del lavado de dinero con dos o tres casos emblemáticos. Pero a estas alturas hay centenares de casos”, reconoce. Su mayor deseo es que difundido y hecho accesible el documento final, su contenido sirva de impulso para reformar el Estado y hacer que funcionen las instituciones, que por fragilidad, omisión o complicidad hoy contribuyen al fortalecimiento de las actividades del crimen organizado transnacional y el narcotráfico en el Paraguay.

–Existe mucha expectativa respecto al informe final de la CBI que darán a conocer en semanas más. ¿Qué espera que ocurra luego?

–Que podamos sacar una visión clara de cuáles son los mecanismos con los cuales se nutre el lavado de dinero y cómo operan sus delitos precedentes. Para eso vamos a tomar dos a tres casos emblemáticos de cada uno de esos delitos y las denuncias nacionales e internacionales sobre el tema de lavado de dinero y fundamentalmente las informaciones de inteligencia financiera.

No contendrá nada que fuera nuestra opinión, sino todo aquello que está en algún documento de fuentes abiertas o cerradas. Estas últimas son aquellos documentos que por ley no podemos divulgar. Los únicos que van a estar disponibles son aquellos que circularon ya por filtración.

Hay muchísimos documentos de inteligencia financiera que fueron proveídos a la Bicameral; los tendremos codificados y se tendrá acceso a ellos solo previa solicitud al Banco Central o a la Seprelad. También vamos a establecer recomendaciones legislativas, presupuestarias o de qué casos pasar a la Fiscalía, si corresponde, porque tendría el perfil de un delito cometido o indicio de esto.

–¿Espera que el informe final sirva para revisar, cambiar y corregir situaciones actuales?

–Claro que sí. Por ejemplo, resolver si la Unidad Anticontrabando seguirá siendo una coordinación de 5 funcionarios o la convertiremos en una unidad en serio, como la antidrogas, lo que tendrá implicancia presupuestaria, legal, institucional. O si el Incoop y su legislación actual es suficiente para los controles que son necesarios, habida cuenta de lo ocurrido con la Cooperativa San Cristóbal (implicada en lavado de dinero). Ver si debe ampliar sus facultades y convertirse en una superintendencia de cooperativas, ya que indudablemente hay cooperativas que están operando para lavar dinero del narcotráfico y de otros ilícitos. Estas cuestiones hay que resolver y esto implica reformar el Estado.

–¿Complejizaron la pesquisa hechos como el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, la extradición de narcos a EEUU, el caso de avión iraní, la designación de los significativamente corruptos y otros?

–Sí, sí. Hay demasiados casos que complejizaron de una manera significativa esto, pero indudablemente en este periodo hubo un punto de inflexión que es el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Este hecho nos plantea que si seguimos perdiendo tiempo, perdemos el país e iremos hacia situaciones como las que vivieron Colombia y México, incluso hasta ahora. Estamos hablando de un nivel de violencia y de poder de las organizaciones criminales que en la práctica someten al Estado, someten a las instituciones.

–¿Se puede afirmar que la narcopolítica ya forma parte del ecosistema político paraguayo?

–Sí, sí. Tenemos casos emblemáticos investigados y que demostraron vínculos con la política. Claro, dónde comienza y dónde termina ese vínculo ya no podemos saber. Corresponde a la Fiscalía y a la Senad hacer esa investigación.

Por otro lado, el financiamiento político es brutal. Hoy, el dinero que está circulante en la campaña por las internas es monstruoso y no es dinero lícito.

No hay ninguna posibilidad de que uno tire millones de dólares para alcanzar un cargo electivo si no es porque eso va a generar una contraprestación a futuro. Las organizaciones criminales y los delitos precedentes no tienen un solo color. Es cierto que hay una élite que políticamente está más vinculada al partido de gobierno. Pero también a otros sectores políticos y a sectores privados. Si no, cómo se explican los casos Cabeza Branca, Messer, González Daher, que operaron con bancos de plaza.

A mí no deja de impresionarme lo que dijo uno de los damnificados del caso González Daher: “González Daher inauguró la bancarización de la usura”.

El lavado de dinero normalmente se hace por mecanismos torcidos para incorporar activos al sistema financiero. En este caso, no. Se hizo con cheques, con giros, con oficinas de los bancos respectivos. Es decir, formalmente puede hacerse todo.

Operan hasta con cooperativas. Entonces estamos hablando de una cuestión que si bien es cierto fue predominante en la élite gobernante, salpica a diferentes sectores.

–¿Quiénes son los principales actores que claramente aparecen involucrados en los esquemas analizados?

–Del ámbito político, por ejemplo, muchos indicios apuntan al diputado Erico Galeano. Amerita investigarlo por todos los datos que inteligencia financiera da con respecto a su tabacalera y a sus movimientos financieros.

La otra persona es Horacio Cartes, que tiene numerosas empresas, muchas de las cuales no tienen personal registrado ante el IPS, o tienen una infraestructura mínima. Su propia tabacalera, dirigida por la señora Sarah Cartes. Todas estas son personas que requieren una investigación.

–¿Cuáles son otras cuestiones que han podido relevar?

–Una de las cuestiones más relevantes, las rutas de las organizaciones criminales que son exactamente las mismas. Esa es una conclusión muy importante. De cada 10 avionetas que vienen de Bolivia, Perú y Colombia y que aterrizan en el Chaco, 7 traen cocaína, y 3 dinero en efectivo.

Lamentablemente, por el fracaso en el papel que debieran ejercer las instituciones del Estado como el Poder Judicial y el Ministerio Público, nos convertimos en un país donde casi somos un paraíso fiscal. Aunque los paraísos fiscales tienen sus reglas y algún nivel de manejo, muchas veces sirvieron para meter dinero de todo tipo de delitos, pero aquí básicamente sirvió para introducirlo al sistema. Estamos hablando de muchísimo dinero. Solamente en el caso de drogas, cito el ejemplo de aquel cargamento de más de 40 toneladas de cocaína que se incautaron en puertos europeos, son casi 6 mil millones de dólares. Ni hablemos de los casos Cabeza Branca, González Daher y el tráfico ilícito de cigarrillos, que es monstruoso.

Los números que nosotros encontramos: 13% es exportación; 9%, consumo interno. ¿Y el casi 80% restante? Pequeño detalle. Lo que no teníamos es esa radiografía sobre lo que ocurre con esa parte. Resulta que en los informes de inteligencia financiera sobre las empresas que intervinieron en ese 80% salen que movieron millones de dinero en efectivo, no por cuentas bancarias, y que figuran como grandes empresas. Sin embargo, tienen aporte cero al IPS.

Es cierto que las organizaciones criminales, políticamente, están más vinculadas al partido de gobierno. Pero también a otros sectores políticos y sectores privados.

El financiamiento político es brutal. Hoy, el dinero que está circulante en la campaña por internas es monstruoso, y no es dinero lícito.

De cada 10 avionetas que vienen de Bolivia, Perú y Colombia y que aterrizan en el Chaco, 7 traen cocaína y 3, dinero en efectivo.

  • Rutas del crimen. Las organizaciones criminales utilizan exactamente las mismas rutas.
  • Para investigar. Los informes financieros sobre el diputado Erico Galeano y las empresas de H. Cartes.

“El incendio en el TSJE tiene que aclararse con peritos confiables”

El origen del incendio que el jueves último consumió el sector donde se hallaban guardadas las urnas electrónicas adquiridas para las elecciones primarias de diciembre próximo y las elecciones generales de abril del 2023 debe aclararse mediante la tarea de peritos confiables, pero mientras tanto –dice el doctor Querey–, hay que ser muy prudentes ante las especulaciones de que el siniestro pudo haber sido premeditado.

Más aún –dice–, habida cuenta de las dificultades que tienen nuestras instituciones en cuanto a credibilidad, y que la sospecha está siempre presente. Como a otras personas, el senador considera desafortunado que en la misma tarde de la tragedia, a renglón seguido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, “sale a decir algo que hizo que el incendio se trasladara a toda la política nacional: planteó el desdoblamiento de las elecciones internas de diciembre”. Con esto, “naturalmente sobrevinieron las sospechas de la fragua que pudo haber existido y cobra fuerza la hipótesis del incendio premeditado”.

Ante esto –insiste–, hay que ser muy claros e ir con prudencia, y resalta que en primer lugar deben aclararse con las autoridades pertinentes de la institucionalidad de la República, pero también con actores confiables, creíbles por todos, “con un peritaje bien hecho, las causas del incendio”. Esto, de tal manera que si al final de la investigación dicen: fue un cortocircuito que se inició en tal parte, todos podamos creerles y quedar satisfechos. “Por eso, el peritaje y quienes lo realicen son muy importantes”.

Por supuesto, el legislador considera fundamental que no se modifique el calendario electoral. “El desafío de todas las autoridades, los liderazgos políticos, las candidaturas presentadas es trabajar para que se mantenga el calendario electoral”.

CANDIDATURA. El senador Querey acompaña el proyecto presidencial de Euclides Acevedo con quien integra la fórmula como candidato a vicepresidente por el movimiento Nueva República, fuera de la Concertación de partidos y movimientos de oposición. Una decisión que –reconoce– le fue cuestionada, pero no se tradujo, como muchos predijeron, en un quiebre del Frente Guasu, del cual forma parte.

“Con respecto a la chapa presidencial, hay compañeros del FG que quedaron en la Concertación y otros que estamos en este proyecto Euclides Acevedo-Jorge Querey. En el resto, nosotros estamos todos unidos”, aclara.

Su salida de la Concertación que candidata al liberal Efraín Alegre como presidente y Soledad Núñez, como vicepresidenta, “en absoluto representó un quiebre en el FG. “Probablemente nos daría más fortaleza estar bien unidos, sólidos, todos. Pero el ámbito político es así. Los desacuerdos circunstanciales no pueden significar una fractura en los principios y en las razones por las cuales uno se mete a hacer política”, reflexiona.

ALTERNANCIA. Querey dice que puede darse la alternancia en el Gobierno si hay acuerdos y contenidos para presentar una opción diferenciada a la gente. Esto es absolutamente democrático. Habla de tres o cuatro líneas que son distintas en el relato que plantean. Una, un gobierno tricolor. “Este país no saldrá de este estado de polarización y convulsión permanente si no hay un pacto a nivel nacional”. Eso significa incluso cogobernar con los otros sectores. Otra, no a la persecución por razones de color político, como ha ocurrido siempre, y en diferentes carpas políticas. La siguiente es cambiar el modelo productivo, “el que tenemos ya no va más. Hay que generar desarrollo sostenible, industrias. Siempre utilizo como ejemplo este dato: tres mil millones de dólares se han invertido en obras de infraestructura en los últimos tres o cuatro años. ¿Cuánto se fue a la industria? Cero. Esto significa que haya plata circulante, en el bolsillo, y que no haya fuente de trabajo”. Agrega la situación de la propiedad de la tierra. ¿Por qué es esquiva el problema de la tierra?, pregunta.

“Tenemos que evitar las ocupaciones, sí, pero ¿por qué se dan estas? Porque las instituciones no resuelven el problema. Entonces, la hipótesis de conflicto es la respuesta, junto a la penalización del problema”, reflexiona.

Si no se habla de frente sobre estas realidades, y si no buscan alternativas, “no hacemos ninguna diferencia”, insiste.

Para él, no puede ser un tema penal el que existen 800 casos de problemas de tierra judicializados; 400 con pedidos de desalojo por parte de la Fiscalía y que cada uno de esos asentamientos tenga entre 40 y 250 familias.

“Esto es un problema social que requiere de políticas públicas en el área social. No de ofrecerles cárcel”, resalta.

Respecto a las posibilidades de alcanzar la victoria en las elecciones generales del próximo año, dice que las veces que se ganó al Partido Colorado no fue por la estructura, sino porque se generaron una dinámica y un apoyo en que los propios colorados protegieron los votos.

Con expresiones de Bestard surgieron las sospechas y la hipótesis de un incendio provocado. Jorge Querey, Senador.

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