El senador Derlis Maidana informó que la Comisión de Legislación no logró unanimidad en el estudio del proyecto sobre la Caja Parlamentaria, especialmente en lo referente a la edad y los años de aporte para la jubilación, por lo que la definición quedará en manos del pleno.
Explicó que el dictamen en mayoría plantea la jubilación ordinaria a los 60 años con 180 meses de aporte, mientras que la minoría propone mantener la misma edad, pero con 240 meses.
“Por un lado, con la propuesta de la jubilación ordinaria con 60 años de edad y un mínimo de 180 meses de aporte, estuvo de acuerdo quien les habla, el senador Patrick Kemper, Carlos Núñez y el senador Galaverna. El dictamen en minoría habla de 60 años y un mínimo de 240 meses de aportes del senador Luis Pettengill”, explicó.
En cuanto a la jubilación extraordinaria, la mayoría sugiere 55 años con 120 meses de aporte, frente a la postura minoritaria de 60 años y 180 meses. “Por ejemplo, los docentes tienen jubilación extraordinaria a los 55 años”, indicó.
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Protección a periodistas
En otro punto, indicó que el proyecto de ley de protección a periodistas fue aprobado con modificaciones, optando por un esquema en el que la implementación quede a cargo de una dirección dependiente del Ministerio del Interior, dejando de lado el mecanismo original más amplio que incluía a los defensores de derechos humanos por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Algunos delitos son de acción penal privada, pero cuando se trata contra periodistas van a ser de acción penal pública”, indicó.
Asimismo, señaló que se recomendó el rechazo del proyecto original que contemplaba también a defensores de derechos humanos, priorizando la versión modificada presentada por legisladores oficialistas.
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Maidana defendió la decisión al sostener que el Ministerio del Interior, junto con la Policía Nacional, cuenta con la estructura y los recursos necesarios para aplicar la normativa, y que su eficacia dependerá de la voluntad política del Poder Ejecutivo.
También precisó que es inviable establecer un mecanismo como plantea el proyecto original. “Tal vez nunca contemos con los recursos necesarios para equipar adecuadamente ese sistema. En cambio, el Ministerio del Interior y su dependencia operativa, la Policía Nacional, sí disponen de todos los medios necesarios”, alegó.
“Considero que la aplicación de esta ley dependerá principalmente de la voluntad política del presidente de la República, en caso de que el Congreso la sancione, para promulgarla y dar las instrucciones correspondientes a fin de implementarla rápidamente. El espíritu de la comisión, por supuesto, es acompañar para que los trabajadores de prensa cuenten con una ley que los proteja”, indicó Maidana.
Senaduría vitalicia
El senador Maidana indicó que el dictamen en mayoría es por la aprobación con modificaciones del proyecto de reglamentación del artículo 189 de la Constitución Nacional para habilitar a senadores vitalicios a ocupar otros cargos electivos, y el dictamen en minoría es por el rechazo.
Hizo referencia a la postura de los que están en contra y consideran que se debe respetar lo que indica la Constitución Nacional, de que los presidentes de la República electos en votación popular y que no hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables serán senadores vitalicios. “A criterio de ellos, no hay acá una cuestión de interpretación, sino directamente serán senadores vitalicios”, precisó.
Indicó que el dictamen en mayoría sostiene que el artículo 120 de la Constitución Nacional establece quién puede ser elector y quién puede ser elegido, sin otras limitaciones que las previstas en la ley. Señaló que, al no existir una restricción expresa en la Carta Magna, el proyecto busca interpretar de manera más clara sus disposiciones.
En ese sentido, explicó que los senadores vitalicios que se hayan acogido a este beneficio podrían eventualmente postularse a cargos como senador, gobernador u otros puestos electivos, con la excepción de la Presidencia de la República, ya que la reelección no está permitida por la Constitución. Añadió que, para hacerlo, deberán renunciar con seis meses de antelación.
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“Tampoco hay una propuesta contundente naturalmente en el pleno se va a ir desarrollando, pero es importante. En el Partido Colorado, por ejemplo, los líderes de los dos movimientos más importantes son ex presidentes, ambos senadores vitalicios, y no creo que se deba castrar la voluntad y la posibilidad de que ellos se candidaten de vuelta en el Congreso”, indicó.
Otros proyectos
Fue considerado el proyecto de ley “Tarjeta roja”, de suspensión automática de municipios por ineficiencia, falta de servicios y ausencia de transparencia”, presentado por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis. La comisión recomendó su rechazo, argumentando que los mecanismos de intervención municipal ya se encuentran previstos en la Constitución Nacional y que la iniciativa podría afectar la autonomía de los gobiernos locales.
Se analizó también el proyecto del diputado Sebastián Remesowski sobre el Fonare, vinculado al programa Hambre Cero, que plantea destinar recursos también al pago del transporte escolar. Al respecto, Maidana indicó que se votó por el rechazo, considerando que actualmente ya existen dificultades para cubrir en su totalidad los recursos destinados al almuerzo escolar, por lo que incorporar un nuevo componente podría afectar aún más la capacidad del Estado para cumplir con esos compromisos.
Posteriormente, se analizó el Decreto Nº 5790/2026, “Por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley Nº 7635 ‘Que modifica los artículos 5°, 10°, 15°, y abroga el artículo 9° de la Ley Nº 6389/2019’, relativa al régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria de biocombustibles aptos para motores diésel”. Tras un amplio debate, la Comisión recomendó el rechazo de las objeciones y la aprobación con modificaciones de la parte no objetada.
En otro punto del orden del día, se trató el proyecto de ley “Que deroga el inciso f) del artículo 33 de la Ley Nº 2828/2005 ‘Del turismo’”, remitido por la Cámara de Diputados, recomendando acompañar la postura del Poder Ejecutivo en el sentido de rechazar la iniciativa.