La crisis está instalada. Los médicos entrevistados no niegan que la nueva epidemia del dengue ya se ha desatado, debido a la gran cantidad de casos que se denuncian diariamente. Hay 1.700 notificaciones de casos sospechosos por semana. Existen 11.237 casos de dengue confirmados hasta la fecha. Hay 9 personas fallecidas por casos reportados como probable dengue. Los hospitales están abarrotados y muchas instancias de atención de salud se encuentran sobrepasadas en su capacidad.
Las reservas de sangre para los enfermos están prácticamente agotadas y desde los centros sanitarios se está haciendo un llamado casi desesperado a que la gente acuda a donar sangre.
Cualquiera podría describir este panorama como una situación sanitaria crítica, pero las autoridades del Gobierno, y especialmente del sector salud, aún se muestran reacias a declarar un estado de emergencia nacional, porque se necesita que las notificaciones lleguen a 2.200 por semana para que ello pueda ocurrir. Es decir, se depende más de una cifra o de un protocolo burocrático antes que de la observación de la realidad.
¿Por qué es importante y urgente declarar emergencia nacional ante la nueva epidemia del dengue? Porque de este modo se pueden sumar importantes recursos como los de la estructura sanitaria que posee las Fuerzas Armadas, e incluso convocar con urgencia desde el Estado a una gran cantidad de médicos y personal de salud que en esta época se encuentran de vacaciones.
El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti –que también transmite las enfermedades zika, chikungunya y fiebre amarilla–, es endémico en el Paraguay desde el 2009, lo cual significa que permanece latente durante todo el tiempo. Aunque es cierto que una gran parte de la responsabilidad recae en la ciudadanía, que aún no ha adquirido la conciencia suficiente para limpiar debidamente su entorno y eliminar los posibles criaderos, ello no quita el compromiso que corresponde al Gobierno Central, como a las gobernaciones y los municipios, de velar por la salud de la población.
En nuestro país, la salud pública sigue siendo precaria y aun en condiciones que se podrían considerar “normales” no alcanza a cubrir las necesidades de una buena atención médica. El presupuesto que se destina al sector sigue siendo bajo, en comparación con los países vecinos. En casos extraordinarios, como lo es una epidemia de dengue, la precariedad y la insuficiencia de la infraestructura se vuelven aún mucho más sensibles.
La decisión del Instituto de Previsión Social de bloquear a más de 22.000 beneficiarios de sus servicios médicos por una supuesta depuración de sus registros, justo en este momento, agrava aun más la situación.
Urge dar el paso que permita sumar recursos como los de las Fuerzas Armadas y convocar a los médicos que están de vacaciones. La salud y la vida de los pobladores requieren de una acción pragmática y no caer en especulaciones políticas.
