TUERCA, TUERCA.“¡Voto castigo!”, retumbaba en la plaza del Congreso la protesta docente que en millares salieron a las calles contra la reforma de la Caja Fiscal y la tierra se partió en dos para el oficialismo.
El Gobierno, cuya desafección al diálogo lo fue alejando de la realidad, había cantado victoria luego de la aprobación en la Cámara de Diputados. Creyó que se replicaría en el Senado, porque así lo vienen haciendo desde el 2023, aplicando la prepotente aplanadora a todos los pedidos del Poder Ejecutivo, sin el mínimo rigor del análisis, sin el mínimo respeto a las voces disidentes.
El lunes apuraron una audiencia pública para simular diálogo, y el martes, los senadores se aprestaban a aprobar las nuevas reglas jubilatorias para docentes, militares, policías y magistrados judiciales, suavizando algunos artículos aprobados por los diputados.
Pero la mayor movilización contra el gobierno de Peña modificó el escenario violentamente. Embretados por la protesta de su base electoral clave que amenazaba con el voto castigo, llegó apurado al Congreso el vicepresidente Pedro Alliana y, tras una reunión, se anunció que el tema quedó postergado hasta el 25 de marzo. Los números cantaban. Están en juego la lealtad de más de 90.000 docentes en el país, la mayoría del Partido Colorado.
Ahora empieza una etapa de negociación, de tomas y dacas, y probablemente se impondrá el gatopardismo. Cambiar para no cambiar nada.
TUERCA, TUERCA. Los gobiernos con sesgos autoritarios tienen una fórmula para medir la reacción de la sociedad. Presionan hasta donde se les permite y si no encuentran freno, continúan con su objetivo. Pero si hay reacción, dan un paso atrás, esperan el momento débil para dar la arremetida.
En un tándem perfecto, Ejecutivo y Legislativo, aprobaron leyes sin debate. Han tomado vergonzosas decisiones como erigir a un abogado mau como presidente del Jurado de Magistrados o proteger a un senador hoy acusado por la Fiscalía de lavar dinero del narcotráfico y asociación criminal. De expulsar a una senadora a la que le inventaron delitos que ellos mismos cometen todos los días. Han configurado el poder dentro de un marco excluyente y autoritario. Ensimismados en este acotado mundo de control absoluto, creyeron que reformar la deficitaria Caja Fiscal, cuyo caótico desequilibrio es responsabilidad única de los gobiernos colorados de turno, sería como un tema polémico más, pero que pasaría el Congreso sin demasiados contratiempos.
El Gobierno puso la carreta enfrente de los bueyes. Empezando por la artera fecha de presentación del proyecto que fue el 30 de diciembre. Pretendían aprobar durante el receso parlamentario para evitar crispación social. Les fue bien en el primer tiempo con los diputados, pero en el segundo, la movilización docente suspendió el partido.
“Una derrota estrepitosa de la arrogancia tecnocrática frente a la política de la calle”, al decir del politólogo Guzmán Ibarra.
Este resultado pone contra las cuerdas al ministro de Economía, a quien ya un sector oficialista considera un “emperador” porque no tiene el timing político. Aunque en este caso los aplazados son los legisladores cartistas que debían aconsejar la pertinencia o no del estudio. Tampoco queda indemne el presidente Santiago Peña, que ya ni se anima a opinar. Mientras se debatía el asunto, estaba en otra frecuencia: en reunión con dueños de radios del interior a quienes seguramente venderá su relato. Apenas salió a la calle, huyó de la prensa cuando se le interrogó sobre las jubilaciones.
OPORTUNIDAD PERDIDA. La reforma de la Caja Fiscal es necesaria y urgente. Nadie puede señalar lo contrario, incluso los propios beneficiarios. Hay alto consenso sobre la necesidad de corregir las absolutas desigualdades, establecer reglas mínimas, como la edad y los aportes, el rol del Estado. Asegurar la sostenibilidad, sin la cual ninguna ley servirá si no se aseguran los fondos. La eliminación de los privilegios es el primer paso hacia una seguridad social equitativa. Incluso mirar más allá, hacia esa inmensa mayoría que jamás tendrá jubilación y que no está en la agenda gubernamental.
En su ceguera, el oficialismo dinamitó ese consenso porque vive en su burbuja autocrática que no le permite ver más allá de sus propios intereses porque siempre despreció la herramienta más importante de una democracia que es el diálogo. Creyó que estaba a salvo con su mayoría en el Congreso. Hasta que la sociedad le demostró lo contrario.
Este tiempo de pausa dejó al descubierto que este plan no solo es incompleto, sino además capcioso. No resuelve la crisis. Es apenas un apósito que no detendrá la hemorragia que vaticina otra crisis en pocos años. ¿No hubiera sido más sensato buscar consensos para hacer una reforma atacando las causas estructurales? Una reforma lleva décadas, no se hace cada cinco años. La última se hizo en el 2003, y es un despropósito plantear parches 20 años después. Si hubo coraje para proponer el proyecto, ¿por qué no aprovechar para apretar el acelerador a fondo y resolver la problemática en toda su dimensión? Este Gobierno tiene hegemonía, venia empresarial y apoyo de un gran sector de la sociedad en este asunto para apuntar más alto, ser más ambicioso negociando una reforma integral, sostenible y más justa para todos.
