Supuestamente se impone una condicional de imposible cumplimiento, la defensa de Gabriela Quintana, pidió ayer aclarar la sentencia dictada en su contra y contra el ex senador Víctor Bogado.
El escrito fue presentado ante el presidente del Tribunal de Sentencia, Elio Rubén Ovelar, por el abogado Andrés Casati Caballero.
El defensor apunta que en la resolución 128, donde condenó a su defendida a un año y medio de cárcel, pero fue suspendida a prueba, se impone una condición de imposible cumplimiento.
Indica la resolución que suspendió a prueba la sentencia, la obligación de devolver la suma de G. 71.683.460 a la Itaipú Binacional.
También menciona que la resolución se refiere que “deberá presentar la constancia que efectivamente la Itaipú Binacional haya recibido íntegramente los montos antes mencionados”.
Remarca Casati que Quintana acreditó suficientemente, aún antes de ser imputada, puso a disposición de la Itaipú el monto total de salarios percibidos y la indemnización que le acreditaron.
Sin embargo, alega que el monto fue depositado en una escribanía a disposición de la entidad, pero la Binacional se negó sistemáticamente a recibir el dinero, alegando que se trataba de un derecho laboral irrenunciable.
Con ello, dice Casati que se solicitó la apertura de una cuenta corriente judicial en el Banco Nacional de Fomento, donde fue depositado luego el dinero en cuestión.
Dice el abogado que la sentencia impone a Quintana que acredite que Itaipú recibió el dinero, cuando este siempre estuvo a disposición de Itaipú.
Con ello, menciona la condición impuesta a Quintana, es de imposible cumplimiento, ya que depende de la Itaipú y no de su voluntad personal, que en los 6 años de proceso siempre se negó a recibir.
Apunta que la condición expone a su defendida a un eventual incumplimiento de la medida por cuestiones extrañas a su voluntad y decisión, por lo que pide aclarar ese punto.
En el caso, el ex senador Víctor Bogado apeló el fallo, pero la aclaratoria atrasa toda la tramitación del recurso de apelación.
