“Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, dijo la UCA en una nota dirigida a la comunidad universitaria, en alusión a las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
La universidad explicó que la tarde del martes recibió un oficio que notificaba la incautación, ordenada por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria Maria Saavedra Corrales.
En el oficio “se ordena que la incautación de todos los bienes descritos (...) sea a favor del Estado de Nicaragua, que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”, señaló la universidad.
El gobierno de Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez está preso desde agosto de 2022 condenado a 26 años de cárcel por cargos de menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. Al menos a otros dos sacerdotes por supuestos delitos comunes.
Las autoridades nicaragüenses habían dispuesto el congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA la semana pasada, aunque los medios oficiales no anunciaron medida alguna contra la universidad.
El gobierno del presidente Daniel Ortega tampoco ha emitido comunicación sobre la denuncia del centro.
“La Universidad Centroamericana (UCA) suspende a partir de hoy (por ayer) todas las actividades académicas y administrativas, hasta que, sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la universidad”, agregó el centro académico.
5.000 ESTUDIANTES. El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto para el lunes 21 de agosto.
La UCA, fundada en julio de 1960 por sacerdotes de la Compañía de Jesús, cuenta con unos 5.000 estudiantes y se define como “institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”.
Durante las protestas de 2018, el entonces rector de la UCA, José Idiáquez, participó como directivo de la alianza opositora en encuentros de diálogo con el gobierno.
Ortega consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Las autoridades de Nicaragua también cerraron recientemente dos universidades del arzobispado de Managua, así como unas 3.000 organizaciones no gubernamentales en el marco del endurecimiento de las leyes tras las protestas. Además, centenares de opositores han sido enviados al exilio y despojados de sus bienes y de su nacionalidad. Varias de estas medidas han sido ordenadas por tribunales, por lo que la comunidad internacional denuncia que la justicia de Nicaragua está al servicio del gobierno de Ortega.
