La advertencia de un posible secuestro obligó a Garzón a suspender la búsqueda del periquito de Orcés (Pyrrhura orcesi) en la convulsa localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (sur).
“Hagan su trabajo en otro sitio porque aquí sí es peligroso”, le dijo un sujeto con apariencia de minero que lo detuvo a medio camino.
Esa noche de abril, mataron a tiros a José Sánchez, alcalde de esa población. El 13 de agosto se desató un enfrentamiento entre grupos criminales que dejó cinco muertos. Las autoridades hallaron dos cuerpos decapitados y otro incinerado.
Garzón, experto en aves del estatal Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), intentó continuar su investigación en un poblado vecino, donde en una coincidencia macabra también mataron al alcalde. Entonces hizo sus maletas y regresó a Quito.
El científico cree que en Ponce Enríquez (provincia andina de Azuay) habita el periquito de Orcés, del que se estima que hay unos 1.000 ejemplares y se encuentra en peligro extinción según la UICN.
Por su riqueza aurífera, la localidad es enclave de la banda narco Los Lobos. La organización también se financia de la minería ilegal, que en el país genera hasta 1.000 millones de dólares anuales.
Sumido en la violencia de numerosos grupos vinculados a carteles internacionales, Ecuador alcanzó en 2023 el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.
FRUSTRACIÓN. Garzón estudia desde hace 20 años a esa pequeña ave, trabaja para su conservación y apuesta por el manejo sostenible de sus hábitats, pero Ponce Enríquez ahora es una zona vedada para él.
“Nos quedamos con la incertidumbre y la frustración (...) Queda un vacío de información en ese sitio”, comenta a la AFP.
Además, se crea “un sesgo para la conservación, porque pueden ser áreas importantes (en las) que estén especies endémicas o amenazadas y no podemos hacer nada”, lamenta.
Mario Yánez, otro biólogo del Inabio (con sede en Quito), asegura que el trabajo actual incluye explorar “ventanas de oportunidad” para seguir investigando pese a la violencia.
La ferocidad del narco ha llevado a los científicos a trabajar en estrecha relación con las comunidades y autoridades locales. Las salidas de campo ahora son más cortas o se ubican en zonas “espejo”, donde puedan encontrar especies similares con menos riesgos.
“Los niveles de violencia han llevado a que haya una restricción total en ciertas zonas del país”, especialmente en la costa y donde hay minería, señala Yánez.
Estos lugares cargan con el “estigma” de ser “áreas críticas” y eso “lamentablemente está haciendo que se limiten sobre todo fondos de cooperación internacional para poder ejecutar acciones de conservación en estos paisajes”, dice el investigador.
