Intentando parecer despreocupado y con aires de soberbia, el intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez buscó poner paños fríos al nuevo escándalo político suscitado tras ser imputado junto a otras 21 personas por el caso conocido como “detergentes de oro”, una de las causas más sonadas que estallaron en la Comuna capitalina en plena pandemia.
Confiado en el respaldo político de sus aliados, el jefe comunal negó las acusaciones y se aferra al cargo.
“Por fin, salió este tema que estábamos esperando ya hace rato, fueron cuatro años de espera por este tema. Es como tener a una persona bajo la guillotina. Estábamos esperando eso para demostrar la realidad”, afirmó a la 1080 AM tras la imputación fiscal.
Nenecho le restó importancia a la acusación, y sostuvo que leyó a grandes rasgos el acta de imputación que lo señala como la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir en plena emergencia sanitaria por la pandemia.
Manifestó que los informes de la Contraloría y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en este caso “no mencionan ningún faltante, ninguna sobrefacturación ni otros indicios”. Incluso afirmó que Contrataciones cerró la investigación por no encontrar ningún indicio en su momento.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González fueron quienes formularon la imputación. En total, son 21 personas imputadas en este esquema.
Según los fiscales, los procesados han creado una estructura delictiva a través de figuras legales (nombramientos, contratos, emisión de cheques, certificados de disponibilidad presupuestaria, resoluciones de autorización de transferencias, etc.) para la comisión de un fraude al patrimonio de la Municipalidad de Asunción.
La Fiscalía apunta que los pliegos de bases utilizados en los procesos de contratación directa por la emergencia del Covid-19 no se adecuaron a los lineamientos emitidos en los años 2020 y 2021 por parte de Contrataciones Públicas.
Los pliegos carecían de algunos requisitos y condiciones relevantes para una contratación, como ser capacidad financiera, experiencia, criterios de desempate en caso de coincidencia de ofertas.
La imputación recalca que Rodríguez, como máxima autoridad y con poder de administración del fondo, desde un primer momento, no había reglamentado la utilización del fondo tal y como lo exigía la Ordenanza Nº 608/15, realizándolo mucho después.
En el documento se revela el modus operandi, se menciona que entre las firmas que operaron durante la pandemia hubo simulación de traslado de los productos de origen francés hasta la Municipalidad de Asunción en los años 2020 y 2021, pero presuntamente ningún producto fue entregado.
