Los procedimientos –que se extendieron por largas horas– se hicieron en la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el Gabinete de la Intendencia, en los Departamentos de Tesorería y de Boletines, así como en la Secretaría General y la Presidencia de la Junta Municipal.
El punto que motivó hacer ayer el operativo es saber dónde están los documentos que respaldan la utilización de esos bonos emitidos, puesto que esos papeles hasta ahora no fueron entregados ni a la Contraloría ni al Tribunal de Cuentas y mucho menos a la Junta Municipal.
“Nosotros no recibimos documentación de Contraloría, tampoco del Tribunal. (Antes) no pudimos dar con los documentos”, dijo ayer la fiscala Marlene González, quien junto con sus colegas Jorge Arce y Silvio Corbeta lideraron la comitiva.
Sostuvo que el órgano contralor solo avisó que no cuentan con esos papeles.
Solo de la Junta Municipal, sacaron copias de actas de las sesiones en las que se trataron el tema de los bonos, principalmente, en la que se aprobó su emisión y la colocación, así como de las actas de aprobación del balance y ejecución presupuestaria (2022-2023).
También se retiró la copia del dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el estudio de esos balances.
Por su parte, de las otras dependencias, se desconoce qué documentos incautaron.
DIVIDIDOS. Varias autoridades ayer acompañaron el operativo. Una de ellas fue la concejala Rossana Rolón, quien mencionó que no hay confianza en lo que declaró el intendente de Asunción y calificó de “deficiente”, lo que se entregó a Contraloría.
“Acá se investiga pérdida del patrimonio municipal... Tenemos algunos indicios. El intendente vino a la Junta a hablar de lo hizo y está haciendo con relación a las obras, pero en realidad no había documentación respaldatoria. No nos envió hasta hoy los documentos”, citó.
Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, César Ceres Escobar, dijo que hay apertura de parte de Rodríguez de ser investigado, pero se limitó a decir que como concejal solo tiene el rol de contralor.
“En su convocatoria que acudió el intendente resalté que deben de manera urgente detallar los gastos”, citó.
Ante la consulta de si está minimizando la situación, Escobar sostuvo a la prensa que tiene los ojos abiertos y que están “ocupados en esclarecer”. “Está muy mal que se pague salarios, es un uso incorrecto, porque la Junta aprobó para un plan de obras”, finalizó.
LOS BONOS. La actual investigación se aboca a la utilización de los bonos G8 y G9. Según el dictamen de Contraloría, el dinero que era para obras, en realidad, se usó para gastos corrientes. Se determinó que las “inversiones” por G. 492.000 millones se usaron para otra cosa.
El dinero fue destinado para mantenimiento de vehículos, reparaciones, repuestos, leche, uniformes y herramientas y para adquisición de maquinaria y herramientas.
