Las tierras públicas deben ser destinadas a beneficiarios del Estatuto Agrario, pero a menudo son utilizadas por políticos y funcionarios corruptos para enriquecerse a costa de un esquema de recaudación irregular y repartija de títulos.
San Agustín. Uno de los casos más sonados fue el del negociado en la venta de las tierras de San Agustín al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Se trata de 5.723 hectáreas de tierras (fincas 95 de Tobatí y 104 de Atyrá) de la empresa San Agustín SA, propiedad del padre del ex senador Jorge Oviedo Matto, en Cordillera, sobrefacturada por G. 60.294 millones. Por el caso son procesados el ex presidente del Indert, Luis Ortigoza, y el ex diputado y actual parlasuriano liberal Milciades Duré.
El Estado llegó a pagar G. 46.884.846.163, el 27 de marzo de 2013. Las tierras debían ser destinadas a la agricultura familiar campesina, pero no eran aptas para el efecto, e igual Ortigoza y Duré resolvieron la compra.
Justo Cárdenas. Con arresto domiciliario se encuentra desde el pasado agosto el ex presidente del Indert, Justo Cárdenas, luego de ocho meses en la cárcel de Tacumbú, por un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por no poder justificar G. 2.644.701.082, caso por el que ya fue acusado. Están también involucrados sus hijos Justo Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez, por lavado de dinero.
La investigación abarca el periodo de julio de 2008 a julio de 2018, tiempo en que Cárdenas tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000 y un egreso de G. 8.009.595.082, lo que da la diferencia de G. 2.644.701.082.
En tanto que la figura de lavado de dinero se sustenta en que, según la Fiscalía, Cárdenas integró un inmueble de propiedad como capital social y aporte por acciones, por valor de G. 250.000.000, autorizado el 19 de julio de 2017 por la firma Agroindustrial Ganadera JPC SA.
Coimas. El caso más reciente es el denunciado el 13 de agosto pasado por el ganadero Albino Méndez, quien acusó al ex director general de la Región Occidental, Enrique Gómez de la Fuente, y al ex gerente de Créditos, Carlos Soler, quien fue diputado, por requerir USD 25.000 como coima para revocar la desestimación de la adjudicación de un inmueble ubicado en Parapití, Colonia Ñande Mba’e, Departamento de Boquerón, correspondiente a su hija Natalia Méndez Acevedo.
Ambos fueron imputados por cohecho pasivo agravado y desde el jueves, tras un allanamiento, el fiscal del caso, Leonardi Guerrero, incluyó en el escenario de la investigación al presidente del Indert, Horacio Torres, de quien fue incautado su teléfono celular, debido al hallazgo de una resolución que delega funciones del titular de la institución a Gómez de la Fuente.
Se sospecha que con este documento, Torres pretende deslindar responsabilidad en la firma de resoluciones que afectan a tierras fiscales del Chaco, alegando que todo estaba en manos de Gómez de la Fuente.
Finalmente, Torres sacó a luz el viernes un caso de venta irregular de tierras en época de Cárdenas, en Mbuyapey, donde Indert pagó por 1.059 hectáreas, pero solo había 303.
OTROS CASOS
Caso pozos. El ex director de Fides, Santiago Ochipinti, fue procesado por estafa en 2016, cuando se autorizó un proyecto de abastecimiento de agua irregular, en Canindeyú y se desembolsaron G. 756.448.081.
Coimas. Los funcionarios Gabriel Sosa y Hernán Insfrán, fueron detenidos en agosto por cobrar USD 5.000 a cada miembro de la colonia San Miguel, por títulos.
Enzo Cuevas. El hijo del diputado Miguel Cuevas fue adjudicado con tierras fiscales en Paraguarí sin ser agricultor.
