En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Ñemby se discutió la situación del intendente, Tomás Olmedo (ANR-HC), tras su imputación por lesión de confianza, estafa y otros delitos.
Los ediles Osmar Alonso y Marcelo Martínez plantearon las medidas más duras porque consideran que el intendente no puede seguir en el cargo, ya que hay un riesgo de “quema de archivo”.
Alonso primeramente propuso la intervención en el marco de la Ley N° 317, en la que la Cámara de Diputados debe resolver el pedido para que, luego, el Poder Ejecutivo designe un interventor en reemplazo del jefe comunal mientras se desarrolle una auditoría.
Sin embargo, Vicente Denis se opuso a una intervención del Poder Ejecutivo y quiso designar a un abogado para que acompañe e informe sobre el proceso que enfrenta Tomás Olmedo.
“Esta persona debe dar un paso al costado mientras dure el proceso”. “Se ha decepcionado al pueblo ñeembyense, se ha utilizado el dinero de todo el pueblo paraguayo. Acá no hay espacio para la neutralidad”, expresaron al respecto Alonso y Martínez.
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Como un punto intermedio, Ever Hermosilla planteó que el pedido de intervención vaya dirigido a la Contraloría General de la República para que audite las administraciones del 2023 y 2024. Así también, propuso instar al intendente a apartarse del cargo mientras dure la investigación fiscal en su contra.
Estas mociones fueron aprobadas, al igual que la declaración de sesión permanente a pedido de Alonso.
Toda la discusión ocurrió frente al presidente de la Junta Municipal, Wilfrido Valinotti, quien permanecía en silencio y hasta dilataba las votaciones.
“Si nos callamos, si toleramos esto, señor presidente, si dejamos pasar, si decimos que no pasa nada, qué es lo que estamos haciendo acá, jaha ñande rógape jake mba’e (vayámonos a nuestra casa)”, cuestionó el concejal Marcelo Martínez durante la sesión.
El edil intentó tener apoyo para llamar a una sesión extraordinaria a las 16:00 para tratar el pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo, pero finalmente se declaró una sesión permanente en la que podrán tomar esta decisión.
El intendente Tomás Olmedo y otros funcionarios de dicha comuna fueron imputados por lesión de confianza, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso por parte de la fiscala Milena Basualdo.
Se sospecha que el jefe comunal junto con los funcionarios Hugo Delvalle, ex director de Obras, y Marcos Meza, actual administrador de la Municipalidad, realizaron un llamado a licitación en mayo de 2023 para la construcción de empedrados que ya existían. Se estima que el perjuicio es de G. 700 millones.
