La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros avanza hacia su posible elevación a juicio oral y público, luego de que la Fiscalía expusiera los fundamentos y la evidencia reunida durante una audiencia ante el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff informó el medio Paralelo 32.
Durante la audiencia ante el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano detallaron la evidencia reunida para sostener la acusación, que comprende el período entre enero de 2008 y diciembre de 2015, cuando Urribarri se desempeñó como gobernador y diputado provincial.
Este martes será el turno de las defensas de los dos imputados que continúan vinculados a la investigación. El otro sospechoso, Ángel Rubén Martínez, resolvió su situación procesal mediante un juicio abreviado. Las penas que solicitaría la Fiscalía
Los fiscales adelantaron las penas que solicitarán durante el eventual debate oral.
Para Urribarri, en calidad de autor, pedirán cinco años y diez meses de prisión, una multa equivalente al 100% del monto del presunto enriquecimiento y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con las pericias que sustentan la imputación, el monto atribuido al exmandatario asciende, tras su actualización, a USD 11.546.740,92, USD 7.245.441 y 16.300 euros.
Urribarri ya cumple una condena en la Unidad Penal de Gualeguaychú por cinco hechos de corrupción que fueron juzgados en un mismo debate.
En el caso de Cardona Herreros, la Fiscalía solicitará cinco años de prisión como partícipe necesario y una multa equivalente al 100% del monto investigado. Según la acusación, la suma atribuida al empresario asciende a USD 8.673.275,42, USD 7.155.783,71 y 14.100 euros.
Estos pedidos corresponden a la pretensión de los fiscales y deberán ser evaluados en las instancias judiciales correspondientes.
Antecedentes de Diego Armando Cardona
En el 2017, la Municipalidad de Luque firmó con el Consorcio Tributario el contrato para la modernización de la gestión tributaria y catastral en el territorio luqueño, con el fin de actualizar el catastro de la ciudad y detectar las propiedades que figuran y tributan como baldíos pese a contar con construcciones.
El intendente de ese año, Carlos Echeverría, y Diego Armando Cardona Herreros, quien se desempeñaba como presidente del Consorcio Tributario adjudicado por la Comuna tras una licitación, firmaron el contrato para ejecutar el plan de “modernización catastral y tributaria” de la Comuna luqueña en aquel entonces.
Asimismo, la Comuna de Luque y el Servicio Nacional de Catastro (SNC) firmaron un convenio para actualizar los valores fiscales, de acuerdo a lo señalado en el Ministerio de Hacienda, del cual depende el SNC.
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Los planteos de las defensas y el avance de la causa
Al comenzar la audiencia, Budasoff recordó que ya se habían agotado las cuestiones preliminares y resuelto los recursos presentados por las defensas.
Entre otros planteos, los abogados cuestionaron la extracción de evidencia digital, señalaron presuntos incumplimientos de los protocolos para su obtención y solicitaron que se declarara extinguida la acción penal por prescripción. También pidieron la nulidad de la remisión de la causa a juicio y el sobreseimiento de los imputados.
Una vez resueltas esas cuestiones, la audiencia avanzó sobre los argumentos de las partes respecto de la prueba reunida y la solicitud de elevación a juicio.
Viajes, propiedades y gastos bajo investigación
Durante la exposición, los fiscales repasaron año por año los elementos obtenidos en distintos allanamientos. Los procedimientos se realizaron en Buenos Aires, en la vivienda de Cardona Herreros y en la empresa Relevamientos Catastrales SA, de la que es presidente. También se secuestraron elementos en la casa de Urribarri, ubicada en calle Néstor Garat, en Concordia, y en el domicilio de Martínez, en Buenos Aires.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Cardona Herreros habría actuado como una “persona interpósita” para gestionar y facilitar beneficios para Urribarri y su familia, cuyos gastos habrían sido afrontados posteriormente por el exgobernador.
Los fiscales señalaron que entre la documentación secuestrada encontraron correos electrónicos y mensajes que, según la acusación, permitirían reconstruir esas operaciones. Entre los elementos mencionados figura un intercambio de información que identificaron con el nombre de “Ayolas”.
Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con viajes al exterior que habrían realizado Urribarri, su esposa, Ana Lía Aguilera, sus hijos y personas de su entorno.
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La Fiscalía enumeró desplazamientos a Londres, Madrid, París, Atenas, Venecia y Cerdeña, además de viajes a Nueva York, Natal y Río de Janeiro. Según los fiscales, en varios casos los viajes se habrían gestionado desde la empresa de Cardona Herreros, que también habría intervenido en las reservas de hoteles de cinco estrellas y en la organización y el pago de los traslados.
La acusación sostuvo que los viajes están respaldados por informes de la Dirección Nacional de Migraciones, que fueron incorporados a la investigación.
Una escultura, un reloj y un departamento en Puerto Madero
Entre las operaciones detalladas durante la audiencia, la Fiscalía mencionó la compra de una escultura en Venecia por US$2.200. La obra, de 45,6 kilos, habría generado otros USD 7.000 en gastos para su traslado desde Murano.
También se expuso la presunta adquisición de un reloj Rolex cuyo valor actualizado fue estimado en USD 21 millones.
Otro de los puntos señalados fue la compra, modificación y amueblamiento de un departamento en Puerto Madero, junto con el pago de sus gastos e impuestos. Según la hipótesis fiscal, la propiedad habría sido adquirida por el empresario a comisión por USD 1.227.000 y abonada mediante una entrega inicial y 29 cuotas.
Estos elementos forman parte de la evidencia que la Fiscalía considera relevante para sostener la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.
Vehículos a nombre de allegados
Los fiscales también describieron operaciones vinculadas con la adquisición de vehículos por parte de Cardona Herreros y otras personas de su entorno. Según la acusación, algunos de esos automóviles contaban con autorizaciones para ser conducidos por los hijos mayores de Urribarri. Como parte de la exposición, mencionaron una infracción de tránsito registrada sobre la Ruta Nacional 14, en cercanías de Concordia, correspondiente a uno de los vehículos vinculados con el empresario.
Otras acusaciones en una investigación relacionada
Urribarri y Cardona Herreros también están acusados por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y fraude en una causa vinculada con la contratación de un sistema de software para la administración pública.
Según la investigación, la contratación se habría concretado mediante el pago de coimas a exfuncionarios de las gestiones de Urribarri y habría beneficiado a Relevamientos Catastrales SA, empresa presidida por Cardona Herreros.
En ese expediente, numerosos exfuncionarios resolvieron su situación procesal mediante juicios abreviados en los que reconocieron los cargos formulados en su contra.
La audiencia continuará con las exposiciones de las defensas. La eventual elevación a juicio permitirá que las acusaciones y los elementos reunidos sean examinados en la instancia oral, en caso de que así lo resuelva la Justicia.
