10 sept. 2025

Mujeres indígenas reclaman más políticas públicas al Estado

Trabajo, acceso a sanidad y medicina, educación y becas para los jóvenes, y garantía de tierras fueron algunas de las exigencias planteadas tras la celebración del II Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del Paraguay.

Mujeres indígenas - Unicef.jpg

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76% de las cuales viven en situación de pobreza extrema y de marginación.

Foto: @UNICEFParaguay

A través de conversatorios y debates en la ciudad de Luque (Gran Asunción), las más de 110 asistentes intercambiaron y analizaron los problemas de sus comunidades, con presencia de 15 pueblos indígenas, para trazar una hoja de ruta común para mejorar sus condiciones de vida.

En esos encuentros, organizados por la articulación Mujeres Indígenas de Paraguay (MYPY), las asistentes se encontraron con problemas comunes como “la persistencia de la extrema pobreza”, “la falta de acceso a un sistema de agua potable” o una “deuda histórica en materia de salud y educación”.

A eso añadieron otras complicaciones, como el aumento de los casos de abuso sexual y drogadicción, el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar o los escasos espacios de poder con los que cuentan las mujeres indígenas, “con apenas 6% de cacicas y lideresas”.

Ante esa realidad, las mujeres indígenas demandaron al Gobierno que mejore los servicios y las infraestructuras en estas comunidades, y que canalice y atienda los pedidos que hacen ante el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

En cuanto a la cuestión del territorio, una de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas, solicitaron el “aseguramiento de tierras y transferencia de títulos”, para evitar el alquiler de esos lugares, así como “proyectos de vivienda digna”, que sirvan para potenciar el trabajo y la artesanía local.

Las mujeres reivindicaron también “centros de salud para niños y jóvenes”, así como capacitación para ellas mismas sobre las leyes que atañen a sus comunidades.

En resumen, demandaron “un trabajo mancomunado entre todas las instituciones del Estado para desarrollar las políticas públicas que necesitamos”.

No obstante, las mujeres de este encuentro también expresaron en este manifiesto una lista de compromisos por su parte, como la lucha por una mejor calidad de vida para sus descendientes, la defensa y el mantenimiento de la cultura de los pueblos originarios y la denuncia de las situaciones de injusticia.

Esta fue la segunda ocasión en que las mujeres indígenas se reunieron en este Encuentro, cinco años después de la realización del primer evento, en el que también redactaron un documento con peticiones al Estado, de las que un lustro después dicen no haber visto resultados.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76% de las cuales vive en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras, según datos oficiales.

Más contenido de esta sección
Una falsa alarma de fuga movilizó a varias patrulleras de la Dirección Policial hacia el kilómetro 20 Acaray de Minga Guazú, en Alto Paraná. Desde el penal confirmaron luego que un recluso estaba ayudando a limpiar el tanque de agua.
La Policía Nacional reportó la detención del empleado de una empresa telefónica y un familiar suyo, que habrían montado un esquema para desviar dinero a través de billeteras electrónicas.
Timore es un pódcast de Última Hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy.
El Gobierno Nacional trabaja ya en la etapa final de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2050 y prevé lanzarlo a fines de octubre.
Un estudiante calificó de “figuretis en su máxima expresión” a varios legisladores cartistas durante una audiencia pública desarrollada en la Cámara de Diputados realizada este martes por la Comisión de Niñez y Adolescencia.
Un hombre denunció que fue víctima de extorsión, coacción grave y millonaria estafa por parte de la Iglesia Siglo XXI, en donde le exigían sumas de dinero a cambio “del perdón divino”. El hecho ocurrió en Encarnación, Departamento de Itapúa.