EFE
El borrador, que será enviado el lunes a la Junta Departamental, tiene como objetivo dar más garantías a los pasajeros, según señaló Martínez.
Esta nueva reforma busca establecer un registro de vehículos y de conductores, así como de las plataformas electrónicas.
En este sentido, los chóferes deberán tener una libreta (licencia de conducción) profesional, un seguro especial y aportar al Banco de Previsión Social (BPS).
En cuanto a los vehículos, no podrán tener más de cuatro años de antigüedad (diez en el caso de los eléctricos) y deberán someterse a una inspección técnica anual, al igual que los taxis.
Además, las autoridades de la ciudad cobrarán una tasa de 1,7 pesos uruguayos (0,06 dólares) por cada kilómetro recorrido durante el servicio, por concepto de uso de las vías de circulación.
Asimismo, la Intendencia tendrá la potestad de fijar tarifas máximas cuando considere que las exigidas por las aplicaciones puedan estar siendo abusivas.
Las compañías como Uber o EasyGo proveen de un servicio de transporte privado a través de conductores independientes y pueden variar su tarifa dependiendo de la disponibilidad de los mismos y de la demanda de los usuarios.
Por su parte, la recién estrenada Cabify cuenta con una flota de remises (conductores privados profesionales) y cobra una tarifa fija acorde a los kilómetros que se recorren además de un extra en hora punta.
En las últimas semanas, los taxistas de la ciudad han protestado ante las autoridades para pedir que estos servicios con los que compiten se regulen.
En este sentido, desde la Intendencia de Montevideo también se impulsó una norma recientemente para regular y mejorar los servicios de taxis, que según denuncian los usuarios son más antiguos o más incómodos (debido a la mampara) que los ofrecidos por las compañías privadas.
