Pese a haber sido en el ámbito parlamentario donde mayor confusión se generó, fue prudente que el Poder Legislativo decidiera poner punto final a la defectuosa ley de la inspección técnica vehicular (ITV) como requisito previo a la obtención o renovación de la habilitación municipal, máxime considerando que esa acción retira el trámite del ámbito de la Dinatrán. Es de esperar, pues, que el Poder Ejecutivo promulgue la determinación adoptada por el Congreso.
A estas alturas de los acontecimientos es más que claro que la ITV es una necesidad al mismo tiempo que una garantía de seguridad para la ciudadanía, tanto para los conductores como para los peatones. Por lo demás, así lo mandan prescripciones emanadas del propio Mercado Común del Sur (Mercosur), en cuyos demás países miembros esa inspección se encuentra plenamente vigente.
Por este motivo, es plausible que las intendencias de Asunción, Paraguarí, Villarrica, Luque, San Lorenzo, Mariscal Estigarribia, Filadelfia, Loma Plata y Teniente Irala Fernández hayan decidido continuar realizando las inspecciones por su cuenta y riesgo.
1No obstante, es prudente que el Congreso, en uso de sus atribuciones constitucionales, elabore una nueva norma que, sin caer en precisiones o reglamentaciones innecesarias, establezca un marco que contemple unidad de criterios en torno a la forma en que debe implementarse la ITV.
Desde luego, para ello es menester entrar en conversaciones y diálogos directos con las municipalidades, no solamente por el hecho de que la propia Constitución ordena respetar su autonomía, sino por el hecho de que son ellas las que han de velar por el cumplimiento de los procedimientos y formular a los ciudadanos los reclamos correspondientes ante eventuales violaciones de la nueva disposición.
En este sentido, es necesario que la norma se constituya en una herramienta justa, práctica y, sobre todo, aplicable, que facilite a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones y no que se constituya en una suerte de obstáculo para la observancia de sus deberes.
Lo que de todos modos ha de evitarse en el futuro es seguir produciendo una legislación que, en vez de llevar claridad y unidad de criterios, conduzca de nuevo a la confusión y reafirme el descontento de los municipios.
Sobre el particular, el enfoque de todos los debates que se adelanten en el futuro han de estar centrados en la promoción del bien común y la necesidad de garantizar la seguridad en las calles como un servicio impostergable a la población.