En esta semana, los vástagos de Beto y Hércules, apadrinados por Latorre, me provocaron la misma irritación del Pepe.
Varios capítulos de la serie televisiva sobre la familia real inglesa resultan sumamente ejemplificadores con respecto al tema. A muchos contribuyentes británicos les resulta por demás irritante tener que financiar la buena vida de los monarcas y su prole por el solo hecho de que el Estado mantiene esa figura anacrónica, la monarquía, como símbolo patrio. Los partidarios alegan que la vigencia de un rey cataliza los valores de la tradición que hacen a la identidad británica, y generan de paso ingentes ganancias gracias al turismo y la comercialización de la marca real.
Los detractores recuerdan, por su parte, que en realidad los Windsor solo son ciudadanos comunes y corrientes que por mera relación parental acceden a beneficios excepcionales, pagados por el Fisco, sin que necesiten demostrar jamás algún mérito y cuyas acciones no reportan beneficio alguno para quienes pagan los impuestos.
Este mismo debate se desata a menudo en tierras latinoamericanas, solo que a diferencia de lo que ocurre en Bretaña, en nuestros países la monarquía fue abolida dos siglos atrás. Pasa que, en puridad, fue borrada de la ley, pero sus prácticas inspiradas en la vida cortesana y en los privilegios aristocráticos persisten. A eso se refería Mujica.
Acaso la parte más pueril del asunto es la larga lista de adjetivos ampulosos que gustan ostentar las autoridades de turno, como, por ejemplo, honorables, excelentísimos o eminencias; y los rituales del poder, como el uso del bastón de mando o los guardias de uniforme anunciando al toque del clarín la llegada o salida del presidente. Detalles irrelevantes.
La cuestión deja de ser inocente, sin embargo, cuando los políticos y sus familias se creen el cuento de la aristocracia de nuevo cuño y comienzan a repartirse cargos y rubros en el estado. Pasa a ser un culebrón oprobioso cuando los contribuyentes nos convertimos en financistas involuntarios de su buena vida y su nula vergüenza. En Gran Bretaña es una causa justificada para el debate, acá sencillamente raya el delito.
Y es que estos clanes llevan tanto tiempo practicando el usufructo ilegal del aparato público, obviando concursos o licitaciones, que terminaron convencidos de que realmente tienen derecho a hacerlo. Es obvio que el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, supone que el cargo lo habilita a repartir el dinero de los contribuyentes, contratando a los hijos de sus correligionarios.
Latorre cree que sus votos le autorizan a pagarle de nuestros bolsillos más de 18 millones de guaraníes a la hija bachiller del vicepresidente de la República, Pedro Hércules Alliana, un salariazo para hacer nada (o, cuanto menos, ella no supo explicar para qué). Bajo la misma lógica torcida, Latorre no tiene empacho en contratar al hijo del presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, otro bachiller, para –según sus propias declaraciones– imprimir papeles.
Y lo peor es que tanto Beto como Hércules y sus vástagos también creen que están en su derecho de hacer uso de vínculos y posición para beneficiarse con este reparto de impuestos. Ninguno de los cuatro protagonistas de este último bochorno realmente necesita de ese dinero. Lo hacen sencillamente porque sienten que legítimamente pueden hacer uso de él, porque son parte de la nueva aristocracia, los cortesanos del poder.
Estoy seguro de que el Pepe recomendaría de corazón a toda esta buena gente que vieran menos series sobre la monarquía británica y leyeran un poco más acerca de la historia de las aristocracias abusivas y de que como un día acabaron con la paciencia plebeya y vieron como los privilegios se cortaban abruptamente… junto con sus cabezas.
