Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) solicitaron informes al ministro del Interior, Federico González, y al comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, por denuncias en el contexto de manifestaciones públicas en San Pedro del Ycuamandyyú, así como el requerimiento de medidas preventivas inmediatas.
En ese sentido, señalaron que tomaron conocimiento de lo ocurrido con la comunicadora Judith María Vera, quien habría recibido golpes de parte del personal policial y posteriormente fue aprehendida y trasladada a la sede policial.
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La comunicadora y activista de la Contraloría Ciudadana de San Pedro de Ycuamandyyú, Judith María Vera Bejarano, hermana del diputado Pastor Vera Bejarano, fue detenida durante la movilización y denunció que fue golpeada por la Policía y que como consecuencia de esa agresión tiene una costilla rota.
La detención se dio posterior a los disturbios que se generaron frente a la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú este lunes, durante el ingreso a la institución por la fuerza del intendente cartista Gustavo Rodríguez, quien se encuentra imputado por la Fiscalía de lesión de confianza al detectarse un faltante de G. 18.000 millones sin documentos respaldatorios.
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La fiscala Victoria Acuña imputó por lesión de confianza y solicitó medidas para el jefe comunal y la prohibición de acercarse a la Municipalidad.
“Atendiendo a esta situación que tomó estado público, el comisionado Renzo Cristaldo pidió a las referidas instituciones un informe de las actuaciones policiales y administrativas respecto de este caso, incluyendo –si lo hubiere– informe médico y comunicaciones realizadas a órganos de persecución penal y jurisdiccional”, indicaron desde el MNP.
Asimismo, mencionaron que el MNP tiene como finalidad, a partir del estudio de este caso, formular recomendaciones específicas respecto de la aplicación correcta del Manual de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, mediante la cual se establecen las condiciones mínimas de privación de libertad en dependencias policiales y de los estándares internacionales en la materia.
De igual manera, solicitaron el seguimiento de las investigaciones internas dentro de la fuerza policial para deslindar responsabilidades.
Además, instaron a que se articulen todas las medidas preventivas posibles, tanto políticas como administrativas, para que hechos como el denunciado no vuelvan a ocurrir, considerando la posibilidad de la continuidad de las manifestaciones públicas.
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“Cabe recordar que el uso de la fuerza debe ser excepcional y responder a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, remarcaron.
La Municipalidad de San Pedro fue intervenida por el abogado Amancio Rivas, luego de que la Contraloría General de la República detectara un faltante de G. 2.000 millones. Como consecuencia, un grupo de concejales solicitó la intervención a la Cámara de Diputados.
