La Cámara de Diputados fue escenario de una jornada sobre el derecho de acceso a la información pública y transparencia gubernamental el último miércoles, impulsada por referentes del cartismo y organizada conjuntamente con el Ministerio de Justicia.
El encuentro reunió a representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo para debatir sobre la vigencia de la Ley N° 5282/14, aunque la actividad estuvo marcada por cuestionamientos hacia algunos de sus principales disertantes.
La normativa reconoce el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir información de organismos del Estado de forma gratuita, oportuna y completa. Además, obliga a las instituciones gubernamentales a publicar datos sobre gestión, presupuesto, contrataciones y funcionarios, con el objetivo de fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y promover la participación ciudadana.
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El Ministerio de Justicia es el órgano rector de la aplicación de esta normativa.
El evento fue impulsado precisamente por dicha cartera estatal, con apoyo de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, y de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, encabezada por el diputado Yamil Esgaib.
Ambos arrastran cuestionamientos vinculados justamente al acceso a la información pública.
Esgaib no muestra su título, pero pregona que la información es el “freno a la arbitrariedad”
Desde sectores de la oposición y organizaciones civiles recuerdan que tanto Abed como Esgaib integran el bloque oficialista que sistemáticamente rechaza o dilata pedidos de informes impulsados desde la Cámara Baja.
Yamil Esgaib ha protagonizado frecuentes cruces con legisladores opositores y recientemente fue objeto de cuestionamientos sobre la legitimidad de su título universitario expedido por la Universidad Sudamericana, la misma institución involucrada en el caso del ex senador Hernán Rivas.
Durante la jornada, Esgaib sostuvo que “la Justicia no solo se imparte en los tribunales, sino que se construye cada vez que un ciudadano accede a la información real sobre cómo se administran los recursos”.
Agregó que la transparencia debe constituirse en el principal freno a la arbitrariedad y en el camino más directo hacia una gestión pública eficiente.
En el caso de Rocío Abed, las críticas también apuntan a su cercanía con la administración de Itaipú Binacional, considerando que es esposa del director paraguayo de la hidroeléctrica, Justo Zacarías.
Tanto Itaipú como Yacyretá han sido señaladas reiteradamente por mantener limitaciones en la entrega de información pública bajo el argumento de su carácter binacional y la vigencia de tratados internacionales. La legisladora, que fue una de las impulsoras, no participó en el encuentro.
Derecho de la ciudadanía
A su turno, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que la ley de acceso a la información pública “no es una concesión generosa del Estado, sino un derecho que pertenece a la ciudadanía”.
Señaló además que el Gobierno busca consolidar una política de transparencia, justicia social y fortalecimiento democrático.
Bettina Aguilera, diputada cartista de Alto Paraná, además señaló en su discurso que el derecho al acceso a la información pública constituye hoy en día un rol fundamental para todos los ciudadanos, “porque vivimos en una época en la que la ciudadanía exige información, instituciones transparentes, fortalecidas y abiertas”.
La legisladora era integrante de la disidencia colorada y fue viceministra de Agricultura durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023). Al inicio del periodo parlamentario creó una nueva bancada junto a otros ex disidentes. “No tenemos ningún interés más que construir”, dijo en su momento y luego se sumó plenamente a la bancada cartista.
