Los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini, fueron salvados a finales del año pasado por los diputados colorados y liberales de un pedido de juicio político, y hoy se jactan de tener “datos abiertos”, mientras niegan información pública y logran condenas con multas de dinero a quienes osen solicitar datos.
El pedido de pago de costas en el juicio entablado por el ciudadano Daniel Vargas Téllez, ex candidato y apoderado del Partido Demócrata Cristiano, provino de los propios abogados del TSJE, quienes perciben salarios jugosos del erario público, pero aún así solicitan dicho castigo.
Los ministros del TSJE fueron objeto de críticas tras las sospechas de fraude en los comicios generales de abril del año pasado, y otro escándalo en el que se vieron envueltos en los últimos tiempos fue la convocatoria a elecciones en Ciudad del Este, cuando la Junta Municipal no había aceptado aún la renuncia de la intendenta Sandra McLeod, en un obvio intento de tratar de evitar la intervención en dicha Comuna que debía votarse en la Cámara Baja.
Esto último motivó la presentación de un pedido de juicio político a los tres altos magistrados, quienes además lograron ser declarados inamovibles por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en setiembre del año pasado.
Sin embargo, con un total de 13 votos a favor, 53 votos en contra y 14 ausentes, los parlamentarios lograron archivar el pedido de juicio político.
