Un pacto azulgrana pretende realizar 5 cambios en la Corte, entre ellos figura el ministro Víctor Núñez, a quien se lo vincula políticamente con el sector del dirigente esteño Javier Zacarías Irún y con el manejo de jueces y fiscales en la zona fronteriza.
Núñez admitió que los parlamentarios tienen la capacidad de remover a los ministros en caso de mal desempeño de sus funciones. “Si es que a mí me toca y demuestran que hay mal desempeño yo tengo que someterme a lo que establece la Constitución y la ley”, expresó.
Sin embargo, aseguró que renunciaría en caso de confirmarse su nombre en un proceso de juicio político: “yo, hace mucho que tengo pensado eso... nunca he estado apegado al cargo”, indicó en comunicación con la 1020 AM.
Agregó que por diferentes circunstancias aún no abandonó el cargo en la Corte. Al ser nuevamente consultado si renunciaría al cargo antes que un juicio político, el ministro Núñez respondió: “absolutamente”.
Insistió en que los tres poderes del Estado, Judicial, Legislativo y Ejecutivo, son órganos independientes del Gobierno que deben trabajar en forma independiente bajo recíproco control. Lamentó que siempre haya una tentativa de dominio de algunos sectores, “es propio de los políticos eso”, aseveró.
La renovación de la Corte Suprema de Justicia entró nuevamente en discusión tras la elección del senador liberal Blas Llano como nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta y titular del Congreso, en reemplazo del colorado Julio Velázquez, quien dejará de ocupar el cargo el 1 de julio.
Se habla de que estos cambios en el sistema judicial forman parte del pacto azulgrana que posicionó a Llano en ese lugar. El propio parlamentario se mostró a favor de esa renovación.
Insistió en que hay una preocupación acerca del funcionamiento del Poder Judicial y trajo a colación que varios de los ex candidatos presidenciales utilizaron como bandera la renovación en la Corte Suprema de Justicia.
Los ministros de la Corte, al igual que el presidente de la República, solo pueden ser destituidos vía juicio político por el Congreso, según establece la Constitución en su artículo 225.
