El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gustavo Santander dijo estar preocupado por la actitud de los jueces de ejecución respecto a causas penales que ya tienen condenas en primera y segunda instancia y no admiten o no reciben los expedientes. Pidió una urgente reunión con los jueces de ejecución para tratar este tema. “No sé qué esperan para admitir los expedientes de corrupción, cuál es el límite de los recursos si la ley expresamente dice y el argumento que ponen es que se presentó una inconstitucionalidad, pero la Ley 609 expresamente dice que no se podrán admitir acciones de inconstitucionalidad contra resoluciones atrasadas y la Sala Constitucional ya en innumerables fallos ha rechazado las acciones contra otra resolución”, manifestó. “Creo que sería bueno que a través de la oficina técnica se haga una reunión con los jueces de ejecución y realmente reciban los expedientes que ya tienen resoluciones de casación”, sostuvo. Fue durante su alocución durante la sesión de los miembros de la Corte, semanas atrás; sin embargo, ninguno de sus demás colegas emitió una opinión al respecto. Trajo a colación que inclusive existe un caso en el que ya se rechazó la acción de inconstitucionalidad, se rechazó la aclaratoria de la aclaratoria e igual están dilatando. “Ese es uno de las preocupaciones que sería bueno coordinar con la sala técnica con los jueces de ejecución”, apuntó.
SIN VOLUNTAD. María Esther Roa, activista anticorrupción, cuestionó que cuesta mucho en Paraguay llegar a una condena firme. “Cuando lograste, digamos, superar todos los obstáculos y decimos ya tenemos una condena firme resulta ser que la propia Corte en conocimiento de estas deficiencias no toman las medidas contra los jueces de ejecución”, criticó.
