La Senac y la Auditoría General del Poder Ejecutivo concluyeron un informe que investigó un supuesto esquema de falsificación de facturas, creado para justificar el uso del dinero público entregado a la Gobernación de Central en el marco de la pandemia.
Al respecto, el ministro de la Senac, René Fernández, indicó que se realizaron muchas observaciones en cuanto a la rendición de cuentas de la Gobernación, pero aún se espera el descargo de la institución para concluir correctamente con el trabajo.
El funcionario explicó que se detectaron casos de facturas que sustentan gastos, pero que no son consistentes con el rubro de quienes se hicieron responsables de algunas obras. Citó el caso de un contribuyente denominado Asunción Ofertas, firma que realizó supuestamente trabajos de consultoría ambiental en febrero, por valor de G. 900 millones, divididos en ocho facturas con conceptos repetidos.
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“Hemos hecho un seguimiento de esa persona física, es una razón unipersonal con un nombre fantasía, pero no pudimos encontrar su sede social donde opera como contribuyente. Además, encontramos otras facturas que ya se conocen porque hay denuncias por clonación y los contribuyentes mencionan que no han emitido”, mencionó Fernández.
El ministro señaló que el equipo evaluador del caso informó que se hallaron muchas inconsistencias y desprolijidades en cuanto a los documentos, planillas y presupuestos que entregaron desde la Gobernación.
Ante la situación, consideró que existen elementos suficientes para llevar adelante la investigación penal e identificar a los responsables.
“Para una imputación y haciendo reserva de que somos respetuosos del ritmo de las investigaciones, puedo decir que los elementos sobran para imputar”, agregó.
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Consultado acerca de si la imputación debe emitirse contra el gobernador Hugo Javier González, el ministro prefirió no dar nombres, pero aseguró que “ya hay elementos suficientes para imputar”.
Además, precisó que la Fiscalía es la que debe continuar con las investigaciones y deben justificar institucionalmente por qué aún no se toma la decisión de imputar.
Desde el pasado 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la SET presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas y solicitaron la inmediata intervención de la Fiscalía, ya que se estaba frente a elementos contundentes que demostrarían una lesión de confianza.
No obstante, la Fiscalía se limitó por casi un mes a solicitar informes a las instituciones del Estado y hasta el momento solo se realizó un allanamiento en el caso y no se llevó a cabo otra acción. El fiscal del caso es Rodrigo Estigarribia.
Más de G. 6.000 millones en total están bajo la mira de la investigación que pesa sobre el gobernador Hugo Javier González.
