Llanes explicó que hicieron un relevamiento de datos en la Sala Penal, donde señaló que el 36% de las casaciones son solamente chicanas dilatorias; y del 64% la gran mayoría son declaradas inadmisibles por falta de argumentación. Con ello, remarcó que quería agilizar los procesos.
Recomendó las sanciones a los abogados que presentaban chicanas solo para dilatar. Citó como ejemplo las casaciones contra el rechazo de la nulidad de la imputación que claramente no pueden ser objeto de casaciones. Estos tienen un promedio de demora en la Sala Penal de 6 a 8 meses.
También presentó como primera opción, tener un catálogo de resoluciones que pueden ser objeto del recurso y no admitirlos por providencias. La segunda es tener un catálogo de los fallos recurribles que al recibir el escrito, no sean sorteados, sino que directamente pasen al presidente de la Sala, que tenga un modelo de resolución para su rechazo.
Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia solicitó un informe detallado de las multas cobradas a los abogados por estas sanciones, ya que tenía información de que no se cobraban, lo que fue aprobado y se requirió estos datos al Departamento de Ingresos Judiciales.
El ministro Víctor Ríos abogó porque no se dejara en manos del personal administrativo decisiones jurisdiccionales, a más de cuidar que no se violen garantías constitucionales. También refirió que se podría cambiar el método de trabajo de los ministros para acelerar las resoluciones.
