El Ministerio de Justicia rechaza la acusación de discriminación y asegura que garantizará transparencia e igualdad de oportunidades en el concurso.
Desde el Ministerio de Justicia ratificaron su compromiso en cumplir las disposiciones en materia de respeto a los Derechos Humanos, así como el acatamiento irrestricto de todas las disposiciones que se encuentran garantizadas en la Constitución nacional, la Ley 3940/2009, que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas sobre el VIH, y de todas las normativas vigentes en tal sentido.
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“El Ministerio de Justicia, ante las denuncias de supuesta violación de normas y ante los reclamos recibidos en relación al requisito del test VIH para la admisión en el concurso para contratación de agente penitenciario, agente educador y agente penitenciario nivel superior, aclara que este documento es opcional y voluntaria para el postulante. El test VIH no será condicionante para la admisión en el concurso para los cargos mencionados”, afirmó.
El Ministerio de Justicia rechaza toda discriminación y garantiza transparencia e igualdad de oportunidades en el concurso para contratar a Agente Penitenciario/Agente Educador y Agente Penitenciario Nivel Superior.#GobiernoDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/ibhGzbjMbg
— Ministerio de Justicia (@MJusticiaPy) December 14, 2023
De igual manera, rechaza todo tipo de discriminación y garantiza la más absoluta transparencia e igualdad de oportunidad para la contratación del personal que quiera formar parte de la secretaría del Estado.
Contrariamente a lo expresado por el Ministerio de Justicia, la Ley 3940/2009 establece que toda prueba debe realzarse de manera voluntaria y con el consentimiento de la persona, además de ser confidencial.
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También queda prohibida la realización hacia el trabajador de actos arbitrarios, hostigamientos, despidos u otra forma de discriminación en el empleo o ejercer cualquier tipo de presión o coacción para que la persona se realice la prueba laboratorial para el diagnóstico de infección por VIH y condicionar a la realización al resultado de la prueba el acceso, promoción o permanencia en el puesto de trabajo.
El concurso pretende cubrir 752 cargos, según la convocatoria ad referéndum que figura en el sistema Sicca de la Secretaría de la Función Pública, que abre el martes y se extiende hasta el 19 de este mes.
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La Red de ONG que trabaja en VIH/Sida Paraguay denunció este hecho en la Secretaría Anticorrupción, teniendo en cuenta que es la encargada de investigar cualquier tipo de irregularidad en el ámbito de las instituciones que dependen de la Presidencia de la República.
El coordinador legal de esta articulación, Francisco Benítez Añazco, explicó a Última Hora que vivir con el virus no resta aptitudes para desempeñarse en ningún ámbito de la vida laboral y que no existen justificativos para que el Ministerio de Justicia exija el estado serológico de las personas que deseen concursar.
Violación de tratados y leyes
Esta medida sobre todo viola normativas vigentes. El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo establece por ejemplo que cualquier acto de discriminación es una violación de derechos humanos y se encuadra en el caso mencionado, ya que la divulgación de los resultados expone a las personas a situaciones de discriminación.
A nivel nacional se cuenta con la Ley N° 3940 que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas sobre el VIH, donde habla de la prohibición de divulgación de los resultados del test, mientras que la N° 5777 de protección integral a las mujeres contempla como violencia laboral la exigencia de este examen médico.
Lo mismo indica la Resolución N° 730 del 2009, del Ministerio del Trabajo.
Benítez mencionó que es habitual recibir denuncias de este tipo en el ámbito privado, no así en el sector público, donde el Estado debe garantizar los derechos de la población, pero en este caso “el mismo Estado está exponiendo a sufrir situaciones de discriminación”.
La Red de ONG que trabaja en VIH/Sida Paraguay ampliará su denuncia este miércoles ante Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y ante el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Justicia, a cargo actualmente del polémico Ángel Ramón Barchini, es una de las instituciones que están en el ojo de la tormenta desde el inicio del gobierno de Santiago Peña.
