A lo largo del año pasado y de este año, varias investigaciones realizadas dentro del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y por medios de prensa como ÚH, detectaron múltiples casos donde personas que no son sujetas de la reforma agraria (entre ellos políticos, altos funcionarios del Estado y hasta narcotraficantes) recibieron miles de hectáreas de tierras fiscales del ente agrario y las convirtieron en grandes estancias o las vendieron a precio de mercado a extranjeros.
Uno de los casos más emblemáticos es el de las famosas tierras de Antebi Cué, en la zona de Amambay, las cuales el Estado adquirió del empresario Roberto Antebi (a quien todavía se le debe) para destinarlas a la reforma agraria, pero una investigación realizada el año pasado demostró que la mayor parte de estas tierras estaban convertidas en estancias en manos de personas como, por ejemplo, el diputado colorado Magdaleno Silva.
El presidente Federico Franco anunció ayer un proyecto para vender a precio de mercado las tierras del Estado en Antebi Cué, así como las que posee en el Chaco, cambiando su discurso inicial de intento de recuperación de dichas tierras.
DESPOJOS. El caso del polémico legislador colorado es un ejemplo de cómo, utilizando prestanombres, una enorme cantidad de personas no beneficiarias de la reforma agraria lograron a precio irrisorio tierras fiscales.
Silva usó cinco prestanombres y obtuvo por G. 48 millones un terreno de 1.395 hectáreas en la zona de Amabay denominada Antebi Cué, donde montó una estancia de gran envergadura.
El exdirector del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Ricardo Sanabria, fue otro favorecido con tierras en Antebi Cué, a pesar de no ser sujeto de la reforma agraria. Sanabria ocupa 300 hectáreas ubicadas a 30 kilómetros de Bella Vista, Amambay, donde montó una estancia que se denomina Salmo 23.
Durante la intervención del Indert también se constató la existencia de una estancia ubicada en la colonia 29 de Junio, de Antebi Cué, la cual presuntamente sería propiedad de un narcotraficante de origen brasilero, según los informes de los interventores.
La estancia en cuestión poseía poco más de 300 hectáreas y contaba con maquinarias agrícolas, gran cantidad de ganado vacuno, galpón, una casa con quincho y una piscina en construcción.
En la zona del Chaco, donde también el mandatario pretende vender las tierras del Estado, el Indert también constató una gran cantidad de tierras fiscales en poder de personas no beneficiarias, como el caso de la familia Sánchez Benegas (colorados) y el propio ministro liberal de la Corte Sindulfo Blanco, quien ni siquiera canceló los casi G. 8 millones que debía por 5 mil hectáreas y que su exesposa vendió luego en 300.000 dólares a un uruguayo.
