Ambas iniciativas llegan al pleno tras largas negociaciones entre la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza –minoritaria en Diputados– y bloque de la denominada oposición “dialoguista” (Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal), con cuyo apoyo el oficialismo lograría la aprobación, pese a la oposición de la izquierda y el frente peronista Unión por la Patria.
“Al ministro del Interior, Guillermo Francos (a cargo de las negociaciones para sacar adelante el proyecto), lo veo muy optimista, así que supongo que eso va bien”, dijo ayer Milei en declaraciones televisivas.
La negociación ha implicado para el Gobierno resignar algunos aspectos de su proyecto original, presentado a finales de 2023, pocas semanas después de que Milei asumiera la Presidencia.
La ‘ley de bases’ conforma el ‘corazón’ del programa de Gobierno de Milei, junto con el drástico plan de ‘shock’ de ajuste fiscal y el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2023) con medidas de reforma, orientadas fundamentalmente a la desregulación de la economía, firmado por el mandatario el 20 de diciembre de 2023.
Tras sucesivos recortes a la iniciativa original, el proyecto de ley fue aprobado en general en la Cámara de Diputados el 2 de febrero, pero pocos días después, ante una derrota segura en la votación artículo por artículo en la Cámara Baja y un previsible posterior rechazo en el Senado, el oficialismo optó por devolver el proyecto a comisiones.
Ello le dio tiempo para reimpulsar las negociaciones con parte de la oposición parlamentaria y también con los gobernadores de provincias, todos opositores, con fuerte incidencia política en el Senado y con una relación muy dañada con Milei debido a los severos recortes en las transferencias del Estado nacional a las provincias.
El remozado proyecto llega ahora a la Cámara Baja con 232 artículos (frente a los 664 de la iniciativa original), el primero de los cuales declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, bastante menos que las pretendidas inicialmente por Milei.
La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita a privatizar una decena de empresas (originalmente eran cuarenta) e incluye un apartado para la promoción del empleo registrado y la modernización laboral y otro con aspectos relativos al sistema de jubilación, entre otras resistidas medidas.
