El documento fue remitido por los migrantes paraguayos que residen en Buenos Aires, quienes solicitan la postergación del estudio de la propuesta hasta tanto se dé lugar a una audiencia pública.
La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y figura para ser tratada en el punto 15 del orden del día del Senado, hoy.
En el escrito señalan que el proyecto procura derogar la Ley 6951, que “hace apenas dos años, y mediante un amplio consenso, había habilitado al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar el cruzamiento de datos con gobiernos extranjeros, para facilitar el registro automático en el Registro Cívico Permanente de los paraguayos migrantes”.
Asimismo, recuerdan que la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró muy positiva la aprobación de esta legislación vigente, porque establece la inscripción automática en el Registro Cívico.
“El Estado paraguayo no puede desconocer el compromiso de respetar, defender y divulgar los derechos humanos cívicos del pueblo, que asumió cuando suscribió y ratificó la Convención Americana y la Carta Democrática Interamericana”, se alega.
Solicitan que los legisladores en el Parlamento “respeten la opinión popular en defensa de la democracia en nuestro país y el derecho que invocamos, contra intereses egoístas que pretenderían modificar en perjuicio de nuestra participación electoral”.
La nota está firmada por referentes de varios comités del PLRA, en Argentina.
TRABAS. A criterio de Peralta, lo que se busca es generar trabas en el acceso y participación cívica a través de procesos burocráticos a los compatriotas migrantes, “desincentivando el ejercicio de un derecho humano básico y elemental en democracia: el sufragio”. Mercedes Canese indicó que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) está violando la ley de inscripción automática de connacionales “para cumplir su derecho al voto, por eso, ahora quieren derogar para lavarse la cara”.
El senador liberal Sergio Rojas alertó que el artículo cuarto del proyecto representa una “trampa”, ya que establece que quienes cumplan 18 años antes de la vigencia de la ley deben solicitar su inclusión a través de una solicitud ante inscriptores, los cuales no se designan con regularidad.
La Comisión de Legislación del Senado dictaminó en dos sentidos, uno por la aprobación y otro por el rechazo del polémico proyecto.
El proyectista es el diputado cartista José Rodríguez, quien tuvo el acompañamiento de una mayoría de sus colegas para la media sanción, y prácticamente en menos de un mes se definirá en el Senado.
