“¿Qué son los documentos transmisibles electrónicos? Son los pagarés, guardas, letras de cambio, conocimiento de embarque y demás, todos estos documentos que pueden ser o negociados o transmitidos por derecho al tenedor del mismo”, indicó.
Uno de los principales problemas con los pagarés físicos ha sido la manipulación fraudulenta, lo que ahora se combate con cuatro medidas clave. “El primero es el uso de la firma electrónica cualificada tanto para la firma del pagaré como para su endoso”, explicó. Este procedimiento permite asegurar la integridad, autenticidad y no repudio del documento.
Otra medida fundamental es el sello cualificado electrónico, que asigna fecha cierta al pagaré, evitando que se antidaten documentos con fines fraudulentos. “Eso va a permitir que, a partir de que se firme o se endose, ese documento quede plasmado con el tiempo exacto en el que ocurrió, por lo tanto no se va a poder antidatar los pagarés”, aseguró Sotomayor.
Además, la ley establece un sistema de registro que otorga trazabilidad al pagaré durante todo su ciclo de vida, desde su emisión hasta su caducidad. “El registro permite ver el estado y ubicación del pagaré en cualquier momento, lo que garantiza transparencia y evita duplicaciones”, sostuvo.
Por último, la legislación exige que las empresas emisoras de pagarés electrónicos dispongan de una plataforma de consulta en sus portales web, permitiendo que los firmantes verifiquen el estado y el lugar del documento firmado. “Eso va a permitir que no se duplique en ningún momento esa obligación que contrajo a través de la firma del pagaré”, agregó Sotomayor.
Para garantizar la seguridad y el cumplimiento de estándares, el MIC somete a auditoría rigurosa a las empresas emisoras de pagarés electrónicos antes de otorgarles la habilitación. “Estas empresas deben pasar primero por una auditoría, realizada por un organismo de evaluación de la conformidad, que verifica el cumplimiento de software, sistemas, seguridad física, operacional y lógica”, afirmó Sotomayor.
Solo después de cumplir con las normas, las empresas podrán emitir documentos electrónicos para cualquier cliente que lo solicite.
La Comisión Especial del Congreso, que articula con la Defensoría Pública para orientar a las víctimas de la mafia de los pagarés y frenar los embargos judicialmente, ya tienen registradas a más de 4.000 víctimas, quienes inscribieron sus causas en el sistema habilitado por el Senado para identificar los casos. La información fue confirmada por el senador José Oviedo, que mencionó que más de 4.000 personas ya fueron registradas como víctimas de la trama delictiva conocida como la mafia de los pagarés, que opera con embargos ejecutados en ciudades alejadas para impedir defensa legal. La Comisión también habilitó una línea telefónica (0985) 221-112 y un formulario web para recibir denuncias y brindar asistencia legal personalizada a las víctimas. También se coordina con universidades públicas y privadas para que estudiantes y abogados colaboren en los casos. Además, programan visitas a comunidades del interior para asesorar directamente a las personas afectadas.
