Apenas el pasado lunes 13 de mayo, el Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos había rechazado el recurso de la defensa contra la resolución que fijó la audiencia preliminar.
De esta manera, el jueves, tras los feriados por la Independencia, el expediente volvió al juzgado de Delitos Económicos, a cargo del magistrado Humberto Otazú.
Sin embargo, ayer los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma promovieron un nuevo recurso de reposición con apelación en subsidio, con lo que no podrá fijar aún la audiencia preliminar para estudiar el pedido de juicio oral y público.
AUDIENCIA. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, que interinó a su colega Otazú, fijó para este miércoles, a las 09:30, la audiencia donde van a sustanciar el nuevo recurso de la defensa de los procesados.
Además del ex ministro Ramón Jiménez Gaona, también están acusados la ex viceministra Marta Regina Benítez Morínigo y el ex encargado del proyecto, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, por presunta lesión de confianza.
En la acusación presentada en abril pasado, la fiscala María Estefanía González había ofrecido dos pericias contables que aún no fueron presentadas por los peritos. Ya cuando fueron entregadas, los presentó ante el juez Otazú.
El magistrado dispuso agregar las pericias y que sean puestas a disposición de la defensa de los procesados. Esto fue apelado por la defensa, que entiende que no se pueden agregar las dos pericias, ya que se encuentran fuera del plazo que tenía para el requerimiento conclusivo.
Esto fue argumentado por la defensa en el nuevo recurso promovido. Con ello, hasta tanto no se resuelva la cuestión, no podrá fijarse la audiencia preliminar.
En la causa, si el juez admite el pedido, las dos pericias no podrán ser agregadas. Si lo rechaza, deberá darle trámite a la apelación en subsidio, con lo que el expediente volverá al Tribunal de Apelación Especializado para resolver el nuevo pedido.
Con ello, la preliminar no puede ser fijada por el magistrado hasta tanto no se resuelva el recurso promovido por los defensores.
En el caso, el ex ministro, la ex viceministra y el ex encargado del proyecto fueron procesados por el fallido proyecto, que contempló un presupuesto global de USD 162,9 millones.
En octubre del año pasado, el propio juez Otazú dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para Jiménez Gaona, y los demás procesados, cada uno con una fianza personal de G. 330 millones.
Después, en abril pasado, la Fiscalía pidió juicio oral.
