El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó al Parlamento la aprobación de un fondo proveniente de Derechos Especiales de Giro emitidos por el Fondo Monetario Internacional en ocasión de la pandemia. El fondo es de largo plazo, con años de gracia y tasas relativamente bajas, y cuenta con condicionalidades dirigidas a fortalecer la capacidad de resiliencia de la economía paraguaya frente a las consecuencias de la crisis climática. Se espera que, si se ejecutan bien los fondos, la población pueda salir beneficiada.
En diciembre de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había publicado en su página web la aprobación de un programa de dos años en el marco del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS) para Paraguay. Paraguay puede tener un acceso máximo a DEG 302,1 millones (150% de la cuota), equivalentes a unos USD 400 millones. Es uno de los primeros países en poder tener acceso a estos fondos.
Los derechos especiales de giro son un activo de reserva internacional, que puede funcionar en cualquier país y se cuenta dentro de las reservas internacionales de cada país.
Este fondo creado por el FMI proviene de la emisión de DEG realizada por esta institución por la pandemia para ayudar a los países a contar con liquidez para financiar las medidas de contención. En esa oportunidad, Paraguay recibió alrededor de USD 250 millones. Debido a que muchos países desarrollados no utilizaron sus DEG, el FMI conformó este fondo.
El Gobierno solicitó aprobar este crédito que incluye una serie de medidas de adaptación y mitigación, y a preservar y ampliar la matriz de energía verde. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguran que la propuesta no desviará el objetivo de volver al déficit fiscal del 1,5% del PIB para 2026.
La información proveniente del FMI señala que el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FSR) está destinado a países de bajos ingresos y a los países vulnerables de ingresos medios. El objetivo es proporcionar financiamiento a más largo plazo (20 años, con 10 años de gracia) para fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad económicas mediante el apoyo a reformas de políticas que reduzcan los riesgos macrocríticos asociados con el cambio climático y la preparación para pandemias, y el aumento del espacio de políticas y los amortiguadores financieros para mitigar los riesgos derivados de esos desafíos estructurales de más largo plazo.
El acceso a los recursos del FRS está sujeto al cumplimiento de una agenda de reformas que están incluidas dentro del proyecto de ley remitido al Congreso. Las medidas planteadas por el Gobierno son variadas y van desde la adopción de enfoques ambientales en la inversión pública hasta la implementación de un impuesto al carbono, en sustitución del impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre combustibles. También se habla de una “taxonomía verde” para identificar y clasificar las actividades económicas ambientalmente sostenibles.
El Banco Central del Paraguay (BCP) se compromete a adoptar medidas para evaluar y gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima, mientras que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a publicar auditorías externas y adoptar metodologías transparentes para adecuar las tarifas eléctricas, en línea con la ley que rige su funcionamiento.
El país en su conjunto se compromete a promover energía renovable no convencional a través de nuevas disposiciones reglamentarias, implementar estándares de eficiencia energética para los electrodomésticos de mayor consumo y diseñar un plan para reducir las pérdidas de electricidad. También se prevé la promoción del transporte eléctrico, con infraestructura pública adicional para la carga de electricidad y aumentar el porcentaje de buses eléctricos, entre otros.
Si bien Paraguay, como el resto de América Latina, no contribuye de manera sustancial a la crisis climática, se encuentra entre los países que sufren las mayores consecuencias; por lo tanto, un buen uso de estos recursos ayudará a la adaptación y mitigación frente a esta crisis que tiende a empeorar.
