La sesión no fue como las de años anteriores, donde las discusiones se tornaban interminables y las maniobras políticas estaban al orden del día para destinar recursos a aumentos salariales, creaciones masivas de cargos o incluso ampliaciones de gastos considerados como superfluos.
Este año los legisladores de la Cámara Baja aparentemente entendieron el contexto actual y la incertidumbre que reina aún en cuanto a lo que se viene para el año próximo, por lo que la media sanción al plan de gastos públicos se dio de forma exprés y sin mayores cambios con respecto al dictamen que había emitido la Comisión Bicameral. Si bien es cierto que se otorgó a los 90 minutos un aumento de casi USD 60 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), como esos recursos no salen del Tesoro Público, sino que dependen del aporte de los asegurados, ese incremento no tiene efecto directo en el déficit ni en el plan de caja de la Administración Central.
En líneas generales, se puede mencionar que el PGN 2021 contempla un monto global de G. 92,02 billones (USD 12.976,5 millones), monto que es superior en 6,2 billones (USD 878,9 millones) al proyecto presentado por el Ejecutivo con adenda incluida. Ese crecimiento, no obstante, fue en mayor medida consensuado con el Ejecutivo y se debe principalmente al impacto financiero de la ampliación del déficit al 4%, lo que representa G. 5,9 billones. Con esta ampliación del saldo rojo se pretende financiar obras públicas para acelerar la reactivación y asegurar recursos para el Ministerio de Salud en caso de una segunda ola de la pandemia.
Los legisladores, además, confirmaron que la suba salarial a los docentes correrá recién desde octubre y solo si la recaudación crece por encima del 10%, así como ratificaron las reasignaciones en favor de las universidades públicas, el MEC y los partidos políticos.
Si bien es una realidad incuestionable que el Presupuesto público está lejos de ser el ideal, principalmente en lo que tiene que ver con las necesidades que requieren los sectores de educación, salud y servicios básicos, este plan de gastos se encuentra con la barrera que generó la pandemia en cuanto a ingresos y la necesidad de priorizar los programas de recuperación en busca de levantar a una economía que ya viene de un estancamiento en 2019 y que se prevé que caiga en 1,5% este año.
El Ministerio de Hacienda indicó el jueves pasado que en general está conforme con la media sanción de Diputados, pero como ocurre habitualmente y para evitar sorpresas como en años anteriores, está revisando la “letra chica” de lo aprobado, en especial si existen aumentos en la rigidez presupuestaria. Un eventual crecimiento en los gastos rígidos podría terminar por limitar el margen de maniobrabilidad del Tesoro en un ejercicio en el que, de por sí, las finanzas públicas ya estarán bastante apretadas y el impulso fiscal será clave para garantizar la anhelada recuperación.
Evidentemente, la tarea no será fácil para los administradores públicos en 2021. No obstante, la carga se aliviana con un plan que pueda ser manejable y que esté acorde a las proyecciones. Un PGN desfinanciado solamente terminará por crear falsas expectativas en la población, en medio de una dura crisis y de un hartazgo que no para de crecer.
El documento con media sanción pasó ahora a la Cámara de Senadores. Los parlamentarios de dicha instancia tienen 15 días para estudiar el proyecto de ley. En caso de no haber cambios, se deberá remitir ya al Ejecutivo para su promulgación.
Los senadores tienen en sus manos ahora la responsabilidad de no desvirtuar los fines del Presupuesto público. Es importante que ese consenso general que se dio en Diputados se pueda replicar en la Cámara Alta, aunque la noticia positiva es que en general el Senado suele ser menos populista con el dinero de la gente.