En respuesta al pedido de los ministerios de Salud Pública y Hacienda, el pleno de la Cámara de Diputados dio ayer su aprobación al uso de hasta USD 40 millones de fondos no comprometidos del Fonacide, en el marco del proyecto que modifica y amplia la Ley N° 6742/2021, Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con Covid-19. Los fondos serán destinados al pago de más de USD 43 millones a sanatorios y hospitales privados.
En tanto, lo reasignado del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) deberá ser reconstituido una vez que cese la emergencia nacional, que es la base por la que se crea la ley de cobertura.
El documento que obtuvo media sanción fue aprobado con modificaciones en cuanto a la futura cobertura para los internados. Según refirió el diputado Tadeo Rojas, presidente de la Comisión de Presupuesto, principal impulsora del proyecto, en principio habían propuesto una categorización para los beneficiarios.
“Hoy la ley hace cobertura del 100% a todos los pacientes, no considera a aquellos que tienen seguro, tanto IPS como seguros privados, ese precisamente fue uno de los aspectos que infló la deuda”, explicó Rojas.
Al respecto, estableció que en principio se manejó la posibilidad de estratificar niveles de cobertura según ingresos basados a partir del mínimo legal que fue descartado, porque haría que todo sea “muy burocrático” y además se necesitaría de la “intervención de la Subsecretaría de Estado de Tributación para el control y escala salarial de los probables beneficiarios”.
Por este motivo se centraron en “los aspectos de los asegurados externos”, mencionó el legislador.
COBERTURA. En tanto, el diputado Raúl Latorre, de la Comisión de Justicia, refirió que es el momento de “sentar cimientos y brindar las herramientas ante un posible embate del Covid-19”, al que refiere no se puede decir que es “una prueba superada”, e hizo hincapié en sostener la alianza público-privada en la atención de la salud.
Según el informe de la Comisión de Justicia, por el cual se realizó la base de aprobación, se establecieron cambios en la cobertura de la ley, todos con previa auditoría del Ministerio de Salud.
En el caso de los pacientes que ingresan al sector privado, con su seguro médico, la cobertura será la diferencia no cubierta por el servicio.
En cuanto a pacientes que cuenten con seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) pero ingresen al privado, las entidades previsionales deberán financiar la suma equivalente al monto total que corresponde pagar si el asegurado y sus beneficiarios se hubiesen atendido en dicha institución. En este punto, Salud y el IPS reglamentarán los procesos.
Para los pacientes que no cuenten con un seguro médico, el Fondo de Cobertura abonará la suma fijada por Salud Pública.
SIN GARANTÍA. En el documento se enfatiza que en ningún caso se pedirá un monto de garantía para asegurar la atención médica en los sanatorios o en hospitales privados. Además, Salud se hará cargo de los gastos que se den por complicaciones tras las internaciones a causa del Covid-19.
Así también, se establece que se podrán hacer traslados del privado al público cuando se cuenten con camas disponibles y con el criterio médico para hacerlo; ante la negativa del traslado, la cobertura se dará por terminada.
El proyecto pasa a Senado para su estudio.
Hoy la ley hace cobertura del 100% a todos los pacientes, no considera a aquellos que tienen seguro, tanto IPS como seguros privados, ese precisamente fue uno de los aspectos que infló la deuda. Tadeo Rojas, diputado.
