En una nota dirigida al “serenísimo gran maestro” Benigno Villasanti, los miembros masones Ernesto Eisenkolbl, Rodolfo Coronel y César Fernández solicitan que el diputado José María Ibáñez sea excluido de los registros de la Centenaria Gran Logia Simbólica del Paraguay.
En el documento expresan que el legislador reconoció que tuvo comportamientos ilegales luego de varios años de denuncias periodísticas y un proceso judicial “sistemáticamente obstruido” por el investigado.
“Hizo designar a empleados, caseros suyos, como funcionarios de la Honorable Cámara de Diputados, sin que hayan ido a trabajar. Sus caseros percibían regularmente sus haberes (…) e Ibáñez retenía el 50%”, señala el texto.
Los integrantes de la logia apuntaron que haber reconocido el delito no menoscaba su gravedad y que aquel acto fue consecuencia de la presión social y no de la sinceridad.
Calificaron, además, los “vicios” de Ibáñez como producto del abuso del poder político, la falta de integridad y de ética, por tanto, consideraron que una persona que se aleja de los valores de la masonería no puede continuar siendo aceptada.
Finalmente, los miembros de esta sociedad pidieron que desde el estamento más alto se exhorte a seleccionar candidatos con buenas costumbres para que formen parte de la logia.
Este pronunciamiento se suma a los tantos emitidos contra Ibáñez por parte de organizaciones privadas y grupos sociales que repudian y hasta cierran sus puertas no solo al diputado colorado, sino también a los que impidieron que pierda su investidura: en total, 42 diputados que se abstuvieron, seis que votaron en contra y cinco que se ausentaron.
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El caso
En 2013 fue conocido el caso de los caseros de oro, mediante publicaciones periodísticas que evidenciaron que el diputado colorado José María Ibáñez utilizó a tres personas que trabajaban cuidando su quinta en Areguá para cobrar ilícitamente de la Cámara Baja.
Ibáñez gestionó la contratación de Fabio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón, quienes firmaron –el 12 de agosto de 2013– contratos como auxiliares administrativos con un sueldo de G. 2.500.000 cada uno.
