Según el reporte, “personas de 74 diferentes nacionalidades” accedieron al proceso de regularización migratoria, las mismas que en su mayoría provienen de Venezuela (37,1%), Brasil (18,5%), Perú (11,4%), Colombia (8%), y Cuba (5,5%).
También destacan ciudadanos que llegaron de Paraguay (3,3%, unas 143 personas), China (3,2%), España (1%) y Chile (1%), indicó Calderón.
En su informe, Calderón detalló que 3.883 procesos corresponden a adultos y 445 a menores de edad y que esta legalización “tuvo más incidencia” en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que conforman el eje central del país.
La legalización comenzó en 2021 tras valorar algunas medidas que se asumieron un año antes con la llegada de la pandemia del Covid-19 y políticas como el cierre de fronteras o el confinamiento que afectaron la realización de estos trámites, mencionó Calderón.
Los registros de la Dirección Nacional de Migración establecen que en Santa Cruz culminaron el proceso de legalización 2.350 personas, en La Paz 968 y Cochabamba 621, mientras que en las otras regiones bolivianas la cantidad fue más baja.
La Directora de Migración también detalló que un 58% de los trámites se otorgaron a menores procedentes de Venezuela, seguido de Colombia (7,6%), Paraguay (5,2%), Brasil (4,7%), Perú (4,3%), Estados Unidos (4%), Cuba (3,6%), además, de España y México (1%).
Calderón enfatizó que estos trámites pertenecen a personas que “tienen la intención de permanecer” en Bolivia y que la regularización otorga el beneficio de residencia por dos años “sin el pago de multas por estadía irregular” o la “salida obligatoria” del país.
Este proceso de regularización migratoria “ha sido el más exitoso” teniendo en cuenta que en 2013 se alcanzó a 1.159 beneficiarios, el de 2016 favoreció a 1.340 y el de 2018 consiguió que legalicen su residencia 2.062 extranjeros, indicó la funcionaria.
Con este trámite se busca “el mayor beneficio para la comunidad migrante” y que pueda acceder a los “derechos” y cumplir con las “obligaciones” que se establecen en el país.
En esta labor participaron entidades como el Servicio General de Identificación Personal (Segip), la Policía Boliviana, el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) y La Defensoría del Pueblo.
