De acuerdo con los últimos informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre enero y octubre de 2025, más del 52% de todos los ingresos fiscales provenientes de los impuestos se destinaron al pago de salarios de la Administración Central, una proporción que se mantiene elevada y deja poco margen para inversiones, programas sociales o pago a proveedores.
En conjunto, el Informe de Egresos, el Informe Financiero de la Tesorería y el Informe de Situación Financiera (Situfin) del MEF, todos correspondientes a octubre, permiten observar toda la estructura del gasto estatal y confirman que hasta ahora el mayor destino del dinero tributario sigue siendo el de servicios personales, es decir, salarios, beneficios y otras remuneraciones de los funcionarios públicos.
Según el reporte macrofiscal de Situfin, los sueldos financiados con impuestos representan el 52,1% del total de los ingresos tributarios acumulados a octubre, y aunque se observa un leve descenso frente al pico histórico del 2024, continúa siendo un nivel bastante alto.
En tanto, el documento destaca que el 80% de la masa salarial se concentra en tres sectores estratégicos, como Educación, con una participación del 36% sobre el total; Salud, con el 20%; y las Fuerzas Públicas, que aglutina a policías y militares, con el 24% del total.
“El 80% de los salarios o de las remuneraciones de la Administración Central va a los sectores de salud, educación y seguridad. El resto del Poder Ejecutivo representa alrededor del 7%, el Poder Judicial, un 10%, y el Poder Legislativo, un 2%”, detalló a su vez Nathalia Rodríguez, gerente de Economía del MEF durante la presentación del informe.
Asimismo, los datos publicados en el reporte de la Tesorería muestran que el Estado ya transfirió G. 19,13 billones (USD 2.528,1 millones al tipo de cambio previsto por el MEF para este ejercicio fiscal) a fin de destinar a los servicios personales, sumando todas las fuentes de financiamiento, presentando un aumento interanual de 9,7%, frente a los G. 17,4 billones del año pasado, convirtiéndose así en el rubro más elevado de todo el gasto público.
El gasto total del Estado, en simultáneo, registró una expansión de 4,7% en lo que va del año, llegando a unos G. 51,4 billones (USD 6.801,3 millones).
Fuentes de financiación. Mientras tanto, los salarios financiados exclusivamente con recursos del Tesoro o Fuente 10 aumentaron 9,9% interanual, pasando de G. 16,9 billones a G. 18,58 billones entre enero y octubre.
Este crecimiento se produce en un contexto en el que otros sectores sensibles, como medicamentos y alimentos, disminuyeron, según el reporte. En el caso de los medicamentos, se señala que la caída se debe a los pagos extraordinarios que se hicieron en el 2024 por las deudas atrasadas que dejó la pandemia.
Además, el incremento sostenido del gasto salarial se da en medio de un escenario de reclamos por parte de constructoras, farmacéuticas, transportistas y proveedores de la alimentación escolar, por retrasos en sus desembolsos.
En ese sentido, el informe de Tesorería también incluye la deuda flotante heredada del año pasado, la cual asciende a G. 2,37 billones (USD 314,1 millones), aún pendiente de ser saldada. De ese total, el 77%, es decir, unos G. 1,83 billones (USD 242,5 millones) deben ser financiados con recursos tributarios.
En cuanto a las demás fuentes de financiamiento, se observa que G. 51.354 millones se utilizaron de los créditos públicos (Fuente 20) para pagar las remuneraciones, con una leve caída de 0,9% en comparación con el 2024.
Finalmente, de Fuente 30, que corresponde a los recursos propios de las entidades públicas, solamente G. 500.645 millones fueron empleados para financiar los salarios, con un incremento de apenas 5,4% o G. 25.616 millones frente al año anterior.
Con todo esto, al décimo mes del año, el déficit fiscal acumulado asciende al 1,1% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a unos USD 528 millones, mientras que el anualizado (la proyección a 12 meses) supera los USD 1.000 millones.
Según afirmaron desde el MEF, estos números se mantienen dentro de la meta anual y, pese a los reclamos por la falta de pagos a varios proveedores del Estado, se prevé cerrar el año dando cumplimiento al plan de convergencia fiscal, que apunta a un déficit de 1,9% del PIB.
